En las últimas horas, una resolución judicial reveló que, durante las investigaciones por la producción de fentanilo contaminado, el empresario Ariel García Furfaro ordenó destruir evidencias y falsificar documentos, en reuniones grabadas por cámaras de seguridad que quedaron incorporadas al expediente. Los videos muestran cómo en mayo se planificó el ocultamiento de ampollas sospechosas y la manipulación de registros para impedir rastros vinculantes.
Según la instrucción judicial, Furfaro no solo diseñó la estructura del conglomerado farmacéutico implicado, sino que asumió personalmente el encubrimiento. Es que, el titular del laboratorio fue filmado junto a su hermano Diego y al director general del laboratorio, Javier Tchukrán, elaborando una estrategia para eliminar pruebas comprometedoras. En esas reuniones, el plan consistió en someter las ampollas a autoclave, borrar datos de servidores y completar la documentación técnica faltante.
Uno de los videos captó cuando Tchukrán llevaba una caja con ampollas de fentanilo contaminado y García lo instruyó: “Llevate esto… que la vieja la tenga y que ponga autoclavada”. Al decir “la vieja”, se refería a la responsable del control microbiológico. Las órdenes fueron explícitas: destruir muestras antes de que los peritos las secuestren y evitar rastros documentales.
La resolución procesal—que tiene más de 400 fojas—revela que el encuentro fue grabado el 17 y 18 de mayo en el domicilio particular de Tchukrán. Las cámaras estaban activas y los soportes digitales no se borraron, lo que permitió la captura de los diálogos. Los investigadores calificaron como “increíble” que se hubieran olvidado borrar esos registros incriminantes.
Los registros muestran cómo Furfaro urgía completar documentos técnicos (batch record) y falsificar firmas: “Hay que terminar por las dudas, después los piden”, decía, al tiempo que propuso que esos registros sean firmados por el director técnico del laboratorio, con antedataciones si era necesario. Por todo esto, el juez concluyó que la manipulación fue “sistemática y exigida” desde la cúpula del grupo farmacéutico.
Por su parte, Tchukrán confirmó ante la Justicia que había sido presionado para firmar documentos incompletos bajo amenaza: “Me llamaron una noche, me pusieron papeles para firmar que ya estaban hechos… No me dejaron salir hasta firmarlos”, declaró, y posteriormente se procesó al director técnico con prisión preventiva por su papel formal en el esquema.
Además, los videos registran órdenes explícitas de apagar cámaras y borrar datos. Es que, Tchukrán informó que se borraron mails y datos del servidor para que “no haya un solo gramo de información”, y que el propio Furfaro ordenó que su teléfono sea reemplazado para eliminar vestigios. La cadena de destrucción de evidencia del fentanilo contaminado incluyó la eliminación de cualquier vínculo digital con los lotes implicados.
La causa judicial estima que el lote número 31202 de fentanilo contaminado entró al mercado en enero de 2025, tras ser elaborado en diciembre de 2024, y en las semanas siguientes se reportaron muertes asociadas al uso del producto, lo que derivó en denuncias y en la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del sistema judicial, por las que Furfaro y sus principales colaboradores fueron procesados por “adulteración peligrosa de medicamentos vinculada a múltiples muertes”.
Fentanilo contaminado: la crisis sanitaria más importante de los últimos años
Es preciso mencionar que, la Justicia confirmó que más de 33.731 dosis del lote de fentanilo contaminado fueron aplicadas a pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país. Si bien de ese total 64.003 unidades ya fueron recuperadas y 56.796 se encuentran custodiadas judicialmente, hay aún 11.405 ampollas que permanecen con paradero desconocido.
Por caso, el Cuerpo Médico Forense determinó que en 12 casos existe un “nexo concausal” entre la administración del fentanilo contaminado y el estado infeccioso que complicó el cuadro clínico de los pacientes, e indicaron que, aunque no se puede asegurar un nexo directo en todos los casos, en esas historias clínicas la adulteración del fármaco tuvo un aporte claro al desenlace fatal, que fueron al menos 76.
Por su parte, el Colegio de Médicos bonaerense declaró el estado de alerta ante la circulación del fentanilo contaminado y exigió un fortalecimiento inmediato de los controles sobre la producción y distribución de medicamentos. En un comunicado, los profesionales de la salud recordaron que el fentanilo es un opioide de uso hospitalario con margen terapéutico estrecho, y que cualquier adulteración puede resultar letal con mínimos cambios en su composición.
Finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación fue apartado como querellante en la causa por decisión judicial, bajo el argumento de que sus exposiciones no eran suficientes para mantener la legitimación como acusador particular. Esa decisión provocó críticas al rol institucional de la cartera sanitaria y puso foco en la ANMAT, el organismo regulador que debe auditar y controlar la calidad de los medicamentos.
