La comisión especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados se volvió a reunir este miércoles desde las 9 de la mañana en un clima de fuerte tensión política, dado que el ministro de Salud, Mario Lugones, decidió otra vez no asistir pese a haber sido formalmente citado por los legisladores, mientras que la confirmación de la presidenta de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio, sigue pendiente.
Es preciso mencionar que, la ausencia del funcionario de Javier Milei a la comisión investigadora por las más de 100 muertes que causó el fentanilo contaminado ocurre en la recta final del trabajo parlamentario, cuando el cuerpo creado para deliberar las responsabilidades del Estado en su distribución se prepara para presentar su dictamen la próxima semana.
La comisión, presidida por la diputada socialista Mónica Fein, transita su anteúltima reunión y se encuentra en pleno proceso de ajuste del informe final, para lo cual los bloques incorporan aportes y correcciones. En tanto, la presencia de Lugones era considerada clave para completar la versión oficial sobre la cadena de responsabilidades que derivó en la mayor crisis sanitaria por fentanilo registrada en el país, pero desde la cartera sanitaria confirmaron que el ministro no será parte del cónclave.
En contraste, funcionarios de la ANMAT sí se preparaban para intervenir en la jornada, dado que el organismo tuvo un rol central desde el inicio de la emergencia al activar la alerta sanitaria, inmovilizar lotes sospechosos de fentanilo contaminado e impulsar la intervención judicial cuando detectó ampollas adulteradas. Esa participación resultó crucial para encauzar la investigación que la Justicia ya considera uno de los episodios de mayor gravedad sanitaria de los últimos años.
Según fuentes judiciales, la causa registra hasta el momento 124 muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado, aunque el número definitivo, que incluye víctimas fatales y no fatales, se conocerá antes del inicio de la feria judicial prevista entre el 26 de diciembre y el 31 de enero de 2026. La magnitud del brote fue expuesta en detalle la semana pasada por el juez federal, Ernesto Kreplak, quien encabeza la investigación y asistió al Congreso para brindar un informe técnico ante los diputados.
En tanto, Kreplak confirmó que, tras un análisis exhaustivo de trazabilidad, se determinó que más de 154.000 ampollas de fentanilo contaminado circularon en el sistema de salud, lo que muestra la escala del episodio, y señaló que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino inmovilizó siete lotes por posible adulteración, mientras que dos de ellos dieron positivo luego de los estudios de laboratorio, lo que aceleró las medidas preventivas.
El magistrado reconstruyó además la secuencia que permitió identificar el origen del brote en el Hospital Italiano de La Plata, donde se registraron los primeros quince pacientes afectados y dos fallecidos. Ese foco inicial fue clave para iniciar el seguimiento que luego revelaría la amplitud del fenómeno y su rápida expansión dentro de la red sanitaria, ya que detección temprana permitió a los equipos judiciales y sanitarios reconstruir la circulación del medicamento adulterado.
Cabe recordar que, la sustancia contaminada pertenecía a un lote específico de la empresa HLB Pharma Group SA, en el cual se encontraron dos bacterias. Ese hallazgo derivó en la denuncia formal ante la ANMAT, la inmediata activación de la alerta sanitaria y en una investigación judicial que avanzó con velocidad debido al riesgo sanitario. Durante su exposición, Kreplak fue contundente al afirmar que el Estado tiene “el deber de dar respuesta por este suceso, porque esto que ocurrió no debió haber ocurrido”.
De esta manera, con la ausencia de Lugones en la comisión investigadora y la presión creciente por la definición del dictamen final, los diputados anticipan una jornada atravesada por cuestionamientos políticos y técnicos que marcarán el cierre de una investigación que busca determinar responsabilidades y evitar la repetición de un episodio que ya dejó un saldo trágico y un fuerte impacto institucional.
Fentanilo contaminado: la crisis sanitaria más importante de los últimos años
La Justicia confirmó que más de 33.731 dosis del lote de fentanilo contaminado fueron aplicadas a pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país. Si bien de ese total 64.003 unidades ya fueron recuperadas y 56.796 se encuentran custodiadas judicialmente, hay aún 11.405 ampollas que permanecen con paradero desconocido.
Por caso, el Cuerpo Médico Forense determinó que en 12 casos existe un “nexo concausal” entre la administración del fentanilo contaminado y el estado infeccioso que complicó el cuadro clínico de los pacientes, e indicaron que, aunque no se puede asegurar un nexo directo en todos los casos, en esas historias clínicas la adulteración del fármaco tuvo un aporte claro al desenlace fatal, que fueron al menos 76.
Por su parte, el Colegio de Médicos bonaerense declaró el estado de alerta ante la circulación del fentanilo contaminado y exigió un fortalecimiento inmediato de los controles sobre la producción y distribución de medicamentos. En un comunicado, los profesionales de la salud recordaron que el fentanilo es un opioide de uso hospitalario con margen terapéutico estrecho, y que cualquier adulteración puede resultar letal con mínimos cambios en su composición.
Finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación fue apartado como querellante en la causa por decisión judicial, bajo el argumento de que sus exposiciones no eran suficientes para mantener la legitimación como acusador particular. Esa decisión provocó críticas al rol institucional de la cartera sanitaria y puso foco en la ANMAT, el organismo regulador que debe auditar y controlar la calidad de los medicamentos.
