(*) por Fernanda Díaz
Ayer por la tarde, con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones, el Congreso de la Nación ratificó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitaria. Dicha Ley, increíblemente, había sido aprobado días atrás con 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. No se entiende, ¿no? Qué es lo que pasó, en tan solo algunos días entre los que se aprobó la Ley para destinar fondos para el sostenimiento de las Universidades Nacionales y el momento en que se acompañó el veto, para que los diputados cambien radicalmente su opinión.
Sin dudas el fondo de la cuestión es la fija obsesión del presidente de ir en contra de la educación. De las universidades públicas como principales herramientas de ascenso social de las y los argentinos. Sin embargo, el rol del Congreso, se debe resaltar. El sistema electoral de nuestro país, que determina cómo están conformadas ambas cámaras nacionales, el funcionamiento del federalismo fiscal y el federalismo electoral, el rol de los gobernadores, el armado de las listas provinciales, los recortes de nación a las provincias bajo la consigna de déficit cero, la poca fortaleza de los partidos y la indisciplina de sus miembros, las negociaciones individuales, entre otros, seguramente nos puedan acercar a comprender qué es lo que sucedió.
Aún así, si bien es cierto que la tarea del Congreso queda muy distante de las necesidades del Pueblo al que aspiran representar, la postura del gobierno nacional respecto a la educación en general y a la educación universitaria pública en particular, es el bosque del que no tenemos que desviar la atención.
Las Universidades nacionales públicas están sufriendo una crisis sin precedentes. A comienzos de este año, Milei prorrogó el Presupuesto nacional 2023 otorgándoles de esta forma la misma cantidad de recursos para funcionar que el año pasado; esto, con un 287% de inflación interanual hasta ese momento. A partir de ese momento comenzó un plan de lucha en conjunto entre la totalidad de las Universidades e Institutos universitarios distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Luego de varias instancias de negociación y con dos movilizaciones masivas del Pueblo en la calle acompañando el reclamo, el oficialismo ofreció un aumento en los gastos de funcionamiento. Dicha oferta, aunque insuficiente para los conceptos abordados, dejaba, peor aún, por fuera de estas partidas a lo que corresponde a los sueldos docentes y no docentes.
La falta de recursos económicos para funcionar, la inexistente paritaria docente, los brutales aumentos en servicios de energía eléctrica y de gas, sumado a un embate en el plano simbólico donde voceros oficiales y extra oficiales del gobierno de Javier Milei se encargan a diario de intentar ensuciar la imagen de las Universidades, muestra un desprecio por mucho tiempo inimaginado. Más aún, cuando todo ese esfuerzo por destruir el acceso a la educación pública y de calidad, lo hace el propio Estado nacional. Una película de terror que, en nuestro país, muchos creímos que nunca íbamos a ver.
En lo personal, pero siendo sin dudas parte de un colectivo enorme de argentinos y argentinas que valoran, respetan, quieren y accionan en favor de la educación universitaria pública argentina, entendemos la necesidad de dar testimonio en momentos tan oscuros. Soy una egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Hija de una madre soltera del barrio más humilde de Colón. Accedí a la Universidad por el solo hecho de su gratuidad y de las políticas públicas que acercaban esta herramienta a los sectores del que pertenezco. Estoy convencida que no existe una herramienta mejor para permitirle a cualquier argentino, sin importar el lugar en donde haya nacido, soñar con ser lo que quiera ser. Es nuestro deber, como representantes del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, pero también como ciudadanos, como militantes, como hijos de las Universidades, continuar luchando por el país que nos merecemos. Un país donde la educación pública iguale, abra caminos, incluya, abrace y, por sobre todas las cosas, no expulse.
(*) La autora es presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense
