La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos impulsados por el Estado nacional para apartar a los jueces que intervienen en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario y le propinó un nuevo revés procesal al gobierno de Javier Milei. El máximo tribunal mantuvo la integración actual del expediente que analiza la validez del decreto 759/2025 y el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso para garantizar recursos destinados a las universidades nacionales.
El fallo, que llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alcanzó tanto a magistrados de instancias inferiores como al pedido del Ejecutivo para que los propios integrantes de la Corte se excusaran de intervenir en el expediente, una estrategia con la que la Casa Rosada buscó modificar la composición del tribunal que deberá resolver el conflicto judicial.
En rigor, el planteo oficial se apoyó en la actividad académica que desarrollan algunos magistrados en universidades públicas. Según argumentó la administración libertaria, esa condición podía afectar la imparcialidad de los jueces al momento de resolver una causa vinculada al financiamiento del sistema universitario, la recomposición de los salarios docentes y la asignación de partidas presupuestarias destinadas a las casas de estudio.
Sin embargo, la cúpula judicial rechazó los fundamentos del Gobierno y sostuvo que tanto las recusaciones como las excusaciones deben interpretarse con criterio restrictivo. En esa línea, el tribunal remarcó que el desempeño como docente en una universidad pública no demuestra por sí mismo la existencia de un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio, por lo que descartó que esa circunstancia constituya una causal válida para apartar a los magistrados.
En tanto, la resolución también ratificó las decisiones previas adoptadas por tribunales inferiores. De hecho, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya había rechazado un planteo similar contra el juez de primera instancia Enrique Cormick al considerar que no existían elementos concretos que permitieran acreditar una afectación de su imparcialidad por desempeñarse como docente universitario.
De esta manera, la Corte Suprema despejó un obstáculo procesal, aunque todavía no avanzó sobre la cuestión de fondo. El expediente continuará su trámite mientras el máximo tribunal analiza si corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto presidencial y definir el alcance de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que podría impactar de forma directa en los salarios docentes, las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el presupuesto de las universidades nacionales.
La negociación por el Financiamiento Universitario quedó trabada por la vía judicial
Cabe destacar que mientras la causa sigue su curso en los tribunales, el Gobierno nacional abrió una instancia de negociación con las universidades para intentar desactivar el conflicto. En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo una reunión reservada con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar una propuesta de recomposición presupuestaria.
La oferta oficial contempla una recomposición salarial del 24,3%, un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios. Además, el Ejecutivo libertario propuso crear una comisión técnica para revisar montos pendientes y habilitar nuevas instancias paritarias cada tres meses.
No obstante, las conversaciones quedaron empantanadas por una exigencia que los rectores rechazaron de inmediato. El Gobierno condicionó el acuerdo a que las universidades retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, pero desde el sector académico descartaron esa posibilidad y remarcaron que el reclamo ante la Justicia constituye una garantía institucional que no están dispuestos a resignar.
