En las últimas horas, la aerolínea low cost Flybondi informó que demandará a la provincia de Buenos Aires para que se declare la nulidad de la multa de $300 millones impuesta por el Gobierno de Axel Kicillof ante supuestas infracciones relacionadas con suspensiones y reprogramaciones de vuelos. La empresa sostiene que la sanción es ilegítima y busca revertir la medida por la vía judicial.
Según Flybondi, la resolución que impuso la multa presenta vicios y el procedimiento fue arbitrario y argumenta que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de la provincia de Buenos Aires no tiene competencia para intervenir en cuestiones aeronáuticas. En tanto que, asegura que la industria se rige por el Código Aeronáutico y que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es la autoridad competente en fiscalización y regulación.
En su comunicado, la aerolínea denunció que se le exigió pagar la multa para poder iniciar la demanda, lo que considera incompatible con el principio de inocencia y que la sanción es desproporcionada y vulnera su derecho a defensa. En su presentación judicial, Flybondi solicitó la absolución de las presuntas infracciones y afirmó que el Ejecutivo de Kicillof desconoce la legislación vigente en la materia.
Cabe recordar que, el Gobierno bonaerense aplicó la multa a Flybondi por lo que consideró “una conducta sostenida en perjuicio de los derechos de los consumidores” en enero. Según el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la decisión se basó en las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, y la falta de respuestas a los reclamos de los pasajeros. Desde el organismo indicaron que, solo en 2024, recibieron más de 2.400 denuncias contra la empresa.
Asimismo, el Gobierno de Kicillof cuestionó la forma en que Flybondi maneja las compensaciones a los pasajeros afectados. Según indicaron, las opciones que brinda la aerolínea para reprogramaciones o reintegros son inviables y no contemplan gastos adicionales derivados de cancelaciones, como transporte al aeropuerto, pérdida de reservas hoteleras o excursiones.
Otro de los puntos de la sanción provincial es que Flybondi no publica en su sitio web las condiciones de contratación de sus servicios, lo que infringe la ley 13.133 de Defensa del Consumidor. Desde la cartera conducida por Augusto Costa destacaron que la medida busca garantizar los derechos de los usuarios.
Vale precisar que, este no es el primer conflicto entre Flybondi y organismos gubernamentales, ya que a fines de 2023, la Secretaría de Transporte de la Nación intimó a la aerolínea a presentar un plan correctivo para reducir las cancelaciones. Es que, la compañía había reprogramado 71 vuelos durante la semana de Navidad, lo que generó miles de reclamos.
En respuesta, la Secretaría de Transporte advirtió que seguiría de cerca la operación de la empresa y que, si no se normalizaban los servicios, aplicarían nuevas sanciones, al tiempo que ordenó la clausura de talleres de mantenimiento por irregularidades, lo que obligó a Flybondi a tercerizar los trabajos.
Según fuentes oficiales, el objetivo no es sancionar a la aerolínea, sino garantizar que opere correctamente y sin perjuicio para los usuarios. Sin embargo, la empresa argumenta que enfrenta trabas regulatorias y que las sanciones impuestas afectan su desarrollo en el país.
Flybondi creció con críticas al servicio
La aerolínea Flybondi opera en Argentina desde 2018 bajo el modelo low cost y en los últimos años, con la eliminación de restricciones en el sector aeronáutico y la salida de LATAM del país en 2020, experimentó un crecimiento en su participación de mercado, que estuvo aparejado por las críticas a su servicio.
De hecho, según la consultora Adventus, Flybondi en enero, tuvo una puntualidad promedio que fue del 50,6% y en la primera quincena de febrero cayó al 30,6%, convirtiéndose en la aerolínea con mayor impuntualidad, al tiempo que lidera el ranking de cancelaciones, con un 74% de vuelos afectados.
