En las últimas horas, el Frente Renovador volvió a presentar un viejo proyecto en la Cámara de Diputados para modificar la normativa que regula la actividad de los martilleros y corredores públicos bonaerenses, con la premisa de actualizar criterios de matriculación, ordenar la creación de nuevos colegios departamentales y establecer nuevos criterios sobre el ejercicio profesional de quienes actúan como auxiliares de la justicia.
La iniciativa, de autoría del alfil massista Rubén Eslaiman, ya había ingresado a la Legislatura bonaerense en 2020, 2022 y 2024, pero en ninguno de esos intentos llegó a ser tratada en el recinto de la Cámara baja. Incluso, en su último impulso legislativo, el planteo que modifica artículos de la Ley Provincial N°10.973 llegó a obtener despacho favorable de la comisión de Legislación General, volvió a perder estado parlamentario durante el presente período.
En concreto, la presentación propone modificar diversos artículos del marco normativo que regula el ejercicio de los martilleros y corredores públicos bonaerenses, con el objetivo de evitar la doble matriculación y precisar el protocolo de actuación de los profesionales. Además, el texto incorpora una serie de cambios sobre el funcionamiento institucional de los colegios, el uso de marcas comerciales y las obligaciones para quienes ejercen la actividad.
Bajo esa premisa, uno de los puntos centrales del articulado ingresado por Eslaiman en mesa de entradas apunta a modificar el inciso A del artículo 3° de la normativa vigente, con una nueva redacción para impedir que los martilleros y corredores públicos mantengan una matrícula simultánea en otros colegios o consejos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, para que la institución provincial tenga exclusividad sobre el dominio de los martilleros.
La propuesta del massismo también busca limitar la posibilidad de que los profesionales ejerzan en paralelo otras actividades que puedan generar conflictos de intereses con relación a los actos propios de la matrícula o a las designaciones como auxiliares de la Justicia.
Actualmente, la limitación para ejercer la profesión de martillero y corredor público alcanza a quienes trabajen de modo regular en otra profesión o cargo para cuyo desempeño se requiera otro título habilitante; a los magistrados, funcionarios y empleados de la administración de Justicia, y finalmente, a los eclesiásticos y miembros de las fuerzas de seguridad en actividad.
Otro de los articulados relevantes apunta a modificar el artículo 12 de la Ley N°10.973 para regular la creación de nuevos colegios departamentales. Sobre este punto, la iniciativa establece que la conformación de esas entidades tendrá carácter optativo y deberá contar con un pedido formal de un número de colegiados no inferior a los dos tercios del total de los matriculados activos del nuevo organismo.
Según indicó Eslaiman, la constante división del mapa judicial produce en muchos casos la formación de colegios a los cuales se les hace muy difícil la subsistencia por la “escasa cantidad de matriculados”. “Dificulta el ejercicio de manera eficaz del control de la matrícula”, añadió el actual representante de la Primera sección.
Por otra parte, el proyecto incorpora nuevas obligaciones para los corredores públicos en materia de publicidad. En concreto, el texto establece que toda publicidad que realicen deberá resultar de su propiedad y que los logos, dibujos o emblemas no podrán destacarse por encima del nombre del profesional matriculado.
Asimismo, la avanzada del massismo también dispone que los colegios departamentales deberán llevar un registro con los elementos publicitarios informados por los martilleros y corredores públicos bonaerenses. A través de esta cláusula, el proyecto busca ordenar el uso de signos comerciales y reforzar la identificación del profesional responsable frente a los comitentes y al público.
Finalmente, el proyecto modifica el régimen de multas que prevé la norma vigente y establece sanciones que van de 10 a 30 cuotas anuales colegiales, o hasta el doble de la comisión a percibir por la operación efectuada, para quienes incumplan las disposiciones de la ley.
Entre las conductas alcanzadas por las sanciones, Eslaiman incluyó en el expediente a los colegiados no habilitados y a quienes faciliten su nombre a otras personas para permitir el ejercicio irregular de la actividad. El texto también detalla los casos en los que los incumplimientos deberán derivar en denuncias ante el agente fiscal de turno o ante el juez correccional competente.
Vale precisar que, en la previa del nuevo impulso legislativo, en 2024 dirigentes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires desembarcaron en la Legislatura bonaerense para reunirse con diputados provinciales y fundamentar la necesidad de actualizar la ley profesional. En aquella oportunidad, los representantes del sector plantearon que la normativa requiere cambios para ordenar el ejercicio de la actividad y reforzar el control de la matrícula.
No obstante, el tratamiento en comisión también expuso en su momento diferencias políticas sobre el alcance de la propuesta. En la última discusión del expediente, a fines de 2025, los diputados del PRO y de La Libertad Avanza (LLA) elevaron un dictamen de rechazo en minoría, al argumentar que el texto “impone limitaciones excesivas que afectan el derecho a ejercer una profesión lícita”.
El pasado junio, los martilleros se reunieron en privado con el exministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para manifestar su rechazo al intento de desregulación del sector que impulsa LLA en la Legislatura bonaerense. Si bien durante el encuentro Massa compartió la visión de los dirigentes y prometió que el Frente Renovador rechazará en el Congreso cualquier iniciativa de ese estilo, se estima que en la reunión también se habló de la propuesta de Eslaiman, dado que fue reflotada apenas unos días después del mitin.
