En la primera jornada de debate de la ley ómnibus en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, los funcionarios del Ejecutivo nacional comenzaron la ronda de exposiciones en defensa del paquete de reformas del Estado en las que abogaron por el tratamiento de la iniciativa en conjunto, y no en partes, tal como pidió la oposición.
En este sentido, se hicieron presentes el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para explicar y defender los principales lineamientos de Ley Ómnibus.
En detalle, Barra manifestó la necesidad de aprobar el paquete de leyes en las sesiones extraordinarias, puesto que “las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también”. “Si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente”, advirtió.
Además, el funcionario nacional que representa el principal respaldo legal del Gobierno, analizó que “el derecho, como la economía, es un sistema” y “si se quiere hacer un cambio integral hay que tocar todos los aspectos”.
En esa línea, Barra lamentó la demora en la aplicación de las reformas aunque afirmó que debe otorgarse “el tiempo necesario para estas discusiones”. “Hay que actuar ahora cuando posiblemente se tenga más posibilidades de realizarlo”, añadió.
Por su parte, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que “la ley está estructurada en 9 títulos, además de los anexos, y cada uno está organizado con cada ministerio”, tras lo cual indicó que el Gobierno está dispuesto a modificar el plazo de dos a un año para la declaración de la emergencia pública.
Respecto a la delegación de facultades que se le conferirían al Poder Ejecutivo a través de la Ley Ómnibus, Rodríguez Chirillo amplió: “No queremos cerrar el Congreso. Se establecen las bases de delegación y un plazo determinado, dos años, que serán uno más uno de prórroga”.
“Cuando hablamos de la delegación hay que entender los objetos y principios que tiene la ley porque no se trata de un cheque en blanco para el presidente de la Nación, ni se pretende cerrar el Congreso, bajo ningún punto de vista es eso”, advirtió el Secretario de Energía.
Luego, el Secretario de Energía contestó algunas inquietudes de los legisladores y remarcó que “las reformas estructurales son necesarias para recuperar el país porque estamos acá para que este instrumento salga desde el Congreso”.
Al recibir cuestionamientos por parte de la oposición en relación con las privatizaciones de empresas estatales, el funcionario nacional afirmó que “las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar porque están desordenadas y debemos ordenarlas”.
Por último, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, defendió las reformas sobre la órbita de la Justicia dentro de la ley ómnibus, con el argumento de que habilitarían a “entrar en un mundo de modernización”.
Entre las principales reformas, Cúneo Libarona destacó la creación de Depósitos Judiciales, de Registros Judiciales Universales, la Publicación de Edictos y la digitalización de los archivos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la instalación del sistema por juicio por jurados.
“El régimen en materia de justicia y procesal han fracasado y el Código Penal necesita ser reformado. En ese marco es que se va trabajar ansiosamente, atacando todos los males que nos azotan: desde la delincuencia común, a la corrupción, a la trata, al narcotráfico y a hechos realmente graves que todos sufrimos”, puntualizó el Ministro de Justicia.
Cabe destacar que, la Ley Ómnibus consta de consta de 351 páginas, 6 anexos y 664 artículos que implican una amplia reforma del Estado con desregulaciones, modificaciones y derogaciones de leyes en diversas áreas y además contempla amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo de Javier Milei.
En ese sentido, la Ley Ómnibus que empezó a tratar en comisiones la Cámara de Diputados propone un plan de privatización de empresas públicas, la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, una reforma electoral (supresión de las PASO y de la lista sábana), un blanqueo de capitales que permite regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos y una moratoria impositiva.
Asimismo, la Ley Ómnibus establece cambios en bienes personales, en materia de importaciones, en el formato de la obra pública, en la administración pública, en el esquema de retenciones, en el área de energía, en salud mental, en educación, y en medio ambiente.
La Ley Ómnibus declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prorrogarla por dos años más, y ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Milei.
