La senadora bonaerense de Fuerza Patria y extitular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para regular el uso de agua potable en actividades que no están vinculadas directamente al consumo humano. La iniciativa oficialista apunta especialmente a los lavaderos de automóviles, consorcios de edificios y determinados establecimientos comerciales, con el objetivo de reducir el desperdicio hídrico.
“El presente proyecto tiene como objetivo la disminución del consumo de agua potable o de pozo, para destinos no específicos al uso y consumo humano, refiriendo puntualmente a tareas de uso doméstico y en establecimientos que brindan servicios relacionados directamente con el empleo de agua“, explicó Galmarini.
En ese marco, la propuesta de la exdirectora de AySA establece una serie de obligaciones para los sectores que utilizan grandes volúmenes de agua en tareas de limpieza o prestación de servicios. En concreto, el texto busca desalentar el empleo de agua potable para actividades que podrían realizarse con otras fuentes, además de incorporar tecnologías destinadas a disminuir el consumo general.
“Tanto en lavaderos como en limpieza, el ahorro esperado puede superar el 100%. Un edificio de 8 pisos (columna de presión de agua) consume aproximadamente 300 litros de agua en un baldeo de vereda, mientras que un sistema de inyección de aire (hidrolavadora) o un regulador de caudal permite realizar la misma tarea con apenas 60 litros. Este ahorro representa 240 litros por edificio en cada baldeo“, explicó Galmarini.
A partir de estos cálculos, la legisladora del espacio que lidera Sergio Massa sostiene que una ciudad promedio de la provincia de Buenos Aires podría ahorrar decenas de miles de litros de agua por jornada de limpieza si se generalizaran este tipo de mecanismos. De acuerdo con su planteo, la reducción del consumo no solo permitiría preservar el recurso, sino también disminuir costos operativos para consorcios, comercios y prestadores de servicios.
Uno de los principales puntos del proyecto se enfoca en los lavaderos de automóviles. Con respecto a este caso, Galmarini propone que estos establecimientos reemplacen el uso de agua potable por agua de pozo o industrial, salvo en aquellos lugares donde la autoridad competente determine que las condiciones de las napas subterráneas no permiten esa alternativa por cuestiones de calidad o disponibilidad.
Además, la iniciativa establece que los lavaderos deberán incorporar equipos con sistemas de inyección de aire para optimizar el uso del recurso hídrico. Según argumentó la senadora de la Primera sección, este tipo de tecnología permite obtener resultados similares en las tareas de limpieza utilizando una cantidad significativamente menor de agua.
La presentación también contempla medidas adicionales para los establecimientos con mayores niveles de consumo. Asimismo, establece que aquellos que superen los 150 metros cúbicos de agua por mes deberán instalar sistemas de recuperación del agua utilizada en el segundo enjuague, con el fin de reutilizarla posteriormente en la etapa inicial del lavado.
La propuesta de Galmarini también extiende las exigencias a los edificios residenciales y a los comercios. En particular, los consorcios con más de diez departamentos y aquellos establecimientos que utilicen más de diez metros cúbicos mensuales de agua en tareas de limpieza deberán incorporar reguladores de caudal o sistemas de presión que permitan disminuir el volumen consumido durante esas actividades.
Además, el articulado incluye un apartado específico destinado a la concientización social. En ese marco, la iniciativa encomienda al Estado provincial la realización de campañas informativas dirigidas a la población, tanto a través de cartelería en espacios públicos como mediante mensajes incorporados en las facturas de servicios.
“La difusión brindada permitirá tomar conciencia de la magnitud del problema base para encarar cualquier tipo de remediación. Existiendo un código de aguas, Ley 12257, y haciendo mención a los alcances de la Ley 11723 de protección de recursos naturales y del medio ambiente en general, entendemos que la necesidad de implementar medidas para este fin torna por demás razonable la presente ley“, justificó la dirigente del massismo.
En lo que respecta al esquema de sanciones por incumplimiento, el proyecto establece multas que oscilarán entre el equivalente al costo de 200 y 1.000 metros cúbicos de agua, mientras que los reincidentes podrán afrontar penalidades aún más elevadas. Según explicita la propuesta del Frente Renovador recursos obtenidos a través de estas contravenciones ingresarán al destino que determine el Ejecutivo provincial.
Por último, Galmarini argumentó en su escrito parlamentario que su iniciativa se complementa con el marco ambiental vigente en la provincia de Buenos Aires, especialmente con el Código de Aguas y con la legislación vinculada a la protección de los recursos naturales. Bajo esta premisa, la senadora solicitó el acompañamiento de sus pares para avanzar con una regulación orientada a promover el uso eficiente del agua como una política pública permanente.
