En las últimas horas, el intendente de General Alvear, Ramón Capra, presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para frenar la decisión del Concejo Deliberante de aprobar una ordenanza que excluyó al jefe comunal y a los funcionarios municipales del último aumento salarial otorgado a los empleados estatales.
De esta manera, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires recibió este martes el planteo presentado por el jefe comunal de la Unión Cívica Radical (UCR), y deberá resolver el conflicto de poderes generado entre el Ejecutivo y el Legislativo de General Alvear.
La causa ingresó bajo la carátula “intendente de la Municipalidad de General Alvear contra Honorable Concejo Deliberante de General Alvear sobre conflicto de poderes” y ya se encuentra en estudio. Según dejaron trascender, la Suprema Corte deberá determinar qué poder tiene la competencia para definir incrementos salariales que impactan sobre el presupuesto municipal.
La controversia comenzó cuando el Ejecutivo encabezado por Capra envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para instrumentar un aumento salarial del 2,5% correspondiente al mes de mayo, en cumplimiento del acuerdo paritario firmado durante marzo con los trabajadores municipales.
Sin embargo, durante el tratamiento legislativo, el Concejo Deliberante introdujo modificaciones al expediente original. En particular, dejó fuera de la actualización salarial a la categoría 4 ingresante y a los funcionarios alcanzados por la Ley 14.656, lo que implica excluir del incremento salarial tanto al intendente como a los integrantes de su gabinete.
Frente a esa modificación, Capra resolvió vetar la ordenanza mediante el Decreto 314, bajo el argumento de que el Concejo Deliberante incurrió en una “extralimitación de facultades del poder Deliberativo”. Además, desde el Municipio sostuvieron que la aplicación de la norma podría generar consecuencias sobre otros conceptos vinculados a las remuneraciones municipales.
“De no vetarse esta ordenanza produciría un perjuicio directo al cálculo de las becas deportivas y los adicionales que cobra el personal de salud”, señalaron desde el entorno del jefe comunal de General Alvear para justificar la decisión de rechazar la iniciativa aprobada por los ediles.
Tras el veto, el expediente regresó al Concejo Deliberante, que volvió a insistir con su postura y aprobó una nueva ordenanza a comienzos de junio en la que ratificó la exclusión de los funcionarios del incremento salarial. Esa decisión dejó al Ejecutivo local obligado a implementar la medida, aunque el gobierno de Capra decidió sostener su posición y trasladar la disputa al ámbito judicial mediante una presentación ante la Suprema Corte bonaerense.
A través de un comunicado, el bloque de concejales del peronismo aseguró: “Creemos en la época de crisis y, tal como lo ha dicho el oficialismo, tenemos una situación complicada, la política debe dar gestos y consideramos que esto es un comienzo”. “El veto de Capra no nos cambió nuestra idea, reafirmamos nuestro compromiso con el empleado por más que nos amedrenten con llevarnos a la Justicia”, completaron los ediles opositores.
Por el momento, el máximo tribunal provincial se limitó a admitir el reclamo y dejar sin efecto las ordenanzas cuestionadas mientras analiza el fondo de la controversia. En tanto, la resolución definitiva permitirá establecer si el Concejo Deliberante estaba facultado para modificar el alcance del aumento salarial impulsado por el Ejecutivo o si, como sostiene el intendente, avanzó sobre atribuciones que no le corresponden.
