En las últimas horas, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de más de 80 dependencias de Centros de Acceso a la Justicia en todo el territorio nacional, aunque la mayoría operan en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
Es preciso mencionar que, cuando asumió el Gobierno de Javier Milei, el país contaba con 110 Centros de Acceso a la Justicia distribuidos a lo largo y ancho del territorio. En principio, Cúneo Libarona cerró cinco dependencias, que sumadas a las 81 que bajarán sus persianas en las próximas semanas, dan un total de 86 oficinas menos.
De esta manera, el cierre de los 86 Centros de Acceso a la Justicia no sólo significa la pérdida de miles de puestos de trabajo, en especial dentro de la provincia de Buenos Aires, sino también la pérdida de espacios locales de asesoría tanto legal, como psicológica y social.
Según anunciaron desde la sede central del Ministerio de Justicia, el cierre de los 81 Centros de Acceso a la Justicia se concretará en las próximas horas, luego de que una auditoría realizada por el Gobierno nacional las considerara “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”.
Cabe destacar que, los Centros de Acceso a la Justicia se encargan de brindar atención legal primaria a la población para garantizar el acercamiento a un profesional. De acuerdo a datos oficiales, las oficinas que cerrarán recibieron 623.782 consultas entre enero de 2020 y octubre de 2023, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país.
“El Ministerio de Justicia informa que, como resultado de la auditoría interna que la cartera realiza desde el mes de enero, se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”, anunciaron desde la cartera a través de un comunicado publicado en sus redes sociales titulado “se cierra otra caja política”.
En este sentido, desde la cartera que dirige Cúneo Libarona expresaron que “estos Centros de Acceso a la Justicia acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias radicadas alrededor de todo el país, sin demostrar resultados útiles y duplicando funciones”.
Asimismo, desde la cartera judicial advirtieron que los Centros de Acceso a la Justicia que cerrarán “le costaban a los argentinos más de ocho mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”.
