Luego de siete días de conflicto, el Gobierno nacional de Javier Milei dictó la conciliación obligatoria por el paro de aceiteros que frena las exportaciones del sector agropecuario, y que comenzó con un fuerte reclamo por parte de los trabajadores que no logran un acuerdo salarial en el marco de las negociaciones paritarias.
Según precisaron desde la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a cargo de Julio Cordero, la conciliación obligatoria para los aceiteros fue solicitada por la federación de cámaras empresarias, y tendrá una duración de 15 días a partir de este lunes 12 de agosto a las 10:30 horas.
“La Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social exhorta a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la actividad aceitera”, sostiene el comunicado emitido desde el Ministerio de Capital Humano.
Cabe mencionar que, el paro que llevan adelante los aceiteros desde el lunes de la semana pasada, afecta de manera directa a las terminales portuarias de Rosario, que es el principal exportador y generador de divisas del país, así como también al resto de la industria aceitera y de biocombustibles del país.
Por su parte, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo, señalaron que el paro de aceiteros se debe únicamente a la falta de acuerdo salarial en el marco de las negociaciones paritarias, pero se dispusieron a acatar la conciliación dictada por Cordero.
La semana pasada, los gremios de aceiteros habían solicitado una recomposición salarial del 25%, mientras que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba (CIAVEC), y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), ofrecieron un alza del 10%, que fue considerado insuficiente por los sindicatos.
“La industria aceitera decidió solicitar la conciliación obligatoria frente a la imposibilidad de lograr recuperar el diálogo con los líderes sindicales aceiteros y la negativa a permitir a los trabajadores ingresar en las plantas para retornar al normal desarrollo de las actividades”, precisaron las cámaras empresarias al Gobierno nacional.
En tanto, las cámaras empresarias le explicaron al Gobierno que los sindicatos generaron “enormes daños económicos a transportistas de granos que quedaron varados o que no pudieron realizar sus viajes a puertos debido a la imprevista y meditada decisión de decretar un paro sin aviso previo”.
“Recordemos que las demandas salariales de tener un ingreso superior a la inflación ya han sido atendidas por la industria, que ofreció un 12% de aumento al mes de julio y un 5% para septiembre, llevando el total al 107% anual y con un salario mínimo conformado superior a los 2 millones de pesos, así como un salario promedio superior a los 3 millones de pesos”, insistieron los empleadores aceiteros.
Aceiteros: cuándo y por qué comenzó el conflicto con el Gobierno
Cabe recordar que, a principios de junio, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina definió un paro de aceiteros por tiempo indeterminado en profundo rechazo a la Ley Bases, impulsada por el presidente Javier Milei.
En su momento, los aceiteros criticaron el “desguace del Estado por parte del Gobierno de La Libertad Avanza y el remate del patrimonio público con privatizaciones y entrega de recursos comunes del pueblo argentino”, y remarcaron que la Ley Bases es un “nuevo avance contra la clase trabajadora”.
En ese sentido, la federación de los trabajadores aceiteros explicó que la Ley Bases “deroga las indemnizaciones agravadas por el trabajo no registrado, legaliza el fraude laboral y amplía el período de prueba”, así como también “favorece la discriminación, la tercerización y el sistema de contratistas”, por lo que “facilita despidos en el Estado y en el sector privado”.
En tanto, en el debate por la Ley Bases en el Congreso, el gremio aceitero anticipó su rechazo a la reinstalación del Impuesto a las Ganancias en el salario, y repudió el capítulo de reforma laboral y las privatizaciones de empresas públicas, razones por las que lanzó un paro en todas las plantas del complejo agroexportador con epicentro en el cordón industrial entre Puerto San Martín y Ramallo.
“El retorno de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias se aplicará sobre los ingresos de 1.1 millón de trabajadoras y trabajadores, entre los que estaremos todas y todos los aceiteros y desmotadores de algodón”, señaló el gremio que hoy reclama un fuerte incremento salarial antes de que el Gobierno logre la aprobación de la Ley Bases.
