Tras la convocatoria a la sesión para la próxima semana en la Cámara de Diputados nacional, en la que la oposición buscará avanzar con la aprobación de proyectos de mejora de jubilaciones y la emergencia en Discapacidad, desde el gobierno de Javier Milei advirtieron que, en caso de sancionarse, ambas iniciativas tendrían un impacto fiscal equivalente al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI).
En ese sentido, el número surgió de un análisis realizado por funcionarios del Ministerio de Economía, quienes se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, previo a la sesión convocada para el próximo miércoles 4 de julio.
Con la oposición cada vez más agrupada en aprobar una reforma que contemple un aumento de los haberes previsionales y que se mantenga el cupo laboral para personas con discapacidad, desde el Ejecutivo nacional prepararon el terreno para avanzar en un posible veto, tal como el que fue implementado el año pasado durante la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria.
“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que tendrían un costo fiscal de más de USD 12.000 millones. Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal”, cuestionó Martín Menem, a través de sus redes sociales.
En detalle, los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal habían pedido una sesión para el miércoles con el fin de avanzar con proyectos previsionales que apuntan por un lado, a una actualización en los haberes y del bono que cobran los jubilados (una cifra que pase de $70.000 a $115.000) y, por otro, implementar una alternativa a la moratoria que venció en marzo de este año.

Uno de los proyectos centrales que la oposición busca aprobar, establece un incremento excepcional y de emergencia del 7,2% para jubilaciones y pensiones, como medida de recomposición frente a la caída del poder adquisitivo. La iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión y forma parte de un paquete previsional que también incluye la reinstalación del Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705) y reformas a la Ley de Reparación Histórica (27.260).
En la sesión, que fue convocada en medio de los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan y a los pocos días de la marcha nacional contra los recortes en Discapacidad, la oposición también buscará avanzar con el proyecto de ley que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 2027.
En esa línea, desde las bancadas disidentes del Gobierno nacional señalaron en los últimos días que la situación de los adultos mayores se volvió insostenible y reclamaron un giro en la política previsional del Gobierno nacional, marcada por recortes y licuación de haberes.
Otro de los temas con amplio respaldo opositor en Diputados es la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto apunta a garantizar derechos y asegurar el financiamiento de programas básicos en un contexto de ajuste presupuestario y recorte de prestaciones. La iniciativa había sido uno de los principales argumentos para convocar la sesión caída del pasado 21 de mayo.
“Estamos viendo si el Gobierno puede resolver lo de Discapacidad antes, pero es muy difícil. Por las temáticas, queremos bajar. Pero lo que salga, lo van a vetar”, sostuvieron desde el bloque de diputados de Innovación Federal.
Asimismo, las fuentes parlamentarias dejaron trascender que “el oficialismo no se animó a bloquear este punto, pero prefirió que no se trate aún”. Por eso, la estrategia de este nuevo intento de los diputados opositores es reunir quórum evitando temas que requieren mayorías agravadas o generen fisuras dentro de La Libertad Avanza.
Diputados tratará la emergencia por el temporal en la provincia
La agenda del 4 de junio también incluye una batería de proyectos para declarar la emergencia ambiental, económica, social y productiva en los distritos bonaerenses más afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo. Los expedientes alcanzan a municipios como Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Baradero y Rojas.
En paralelo, se propone declarar por 180 días la zona de desastre y emergencia en esas localidades, así como habilitar mecanismos extraordinarios de asistencia financiera y logística. “El Estado nacional no puede mirar para otro lado mientras decenas de municipios están de rodillas por el agua”, advirtieron desde los bloques impulsores.
Jubilados de la ciudad de mar del plata junto a hichas de futbol locales marchan en contra de las medidas del gobierno y piden que no repriman en las marchas de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las iniciativas más abarcativas contempla declarar la emergencia ambiental, hídrica, sanitaria, económica y habitacional en el noreste bonaerense., donde las lluvias también dejaron miles de damnificados. Se trata de una declaración integral que habilita la asignación de recursos especiales para atender las consecuencias del fenómeno climático.





