El Gobierno denunció a las autoridades de la UBA por repudiar el veto de Milei

Tras la protesta de las autoridades de la UBA en su página web oficial contra el veto a la ley de financiamiento universitario, el Gobierno acudirá a la Justicia.

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El Gobierno nacional presentará una denuncia contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, bajo el argumento de que se impidió a los estudiantes acceder a la página web de la casa de altos estudios, en el marco de la medida de protesta por el reciente veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que acudirá a la justicia contra las autoridades de la UBA por la manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos.

“Al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar y bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario. Asimismo, exige el cese inmediato de esa maniobra”, señalaron desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

En el contexto del paro de este viernes lanzado por decenas de gremios docentes y universitarios, al ingresar a la página oficial de la UBA, las palabras “No al veto” figuran en letras grandes y blancas con un fondo negro, por lo que la página se encuentra inhabilitada para cualquier tipo de acción de parte de los usuarios.

Pese a la autonomía universitaria con la que cuenta la casa de altos estudios, desde el Gobierno indicaron que solicitarán una investigación para dar con la identidad de aquellos que ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar “a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”.

El mensaje de ingreso de la página oficial de la UBA provocó una denuncia por parte del Gobierno nacional.
El mensaje de ingreso de la página de la UBA provocó una denuncia por parte del Gobierno nacional por “manipulación de los canales oficiales de comunicación”.

Sobre el final del comunicado, el Ministerio de Capital Humano nacional manifestó su compromiso “con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”.

Es preciso mencionar que, las autoridades de la UBA anunciaron esta semana que comenzarán a aplicar un “plan de restricción” en el marco del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. La medida fue comunicada por las autoridades de la casa de altos estudios, que además convocaron a una movilización para el día en que el Congreso trate el rechazo al veto impulsado por la Casa Rosada.

El rector, Ricardo Gelpi, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, y el vicerrector, Franco Bartolacci, encabezaron una conferencia en el Consejo Superior en la que trazaron un diagnóstico sobre la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. “Estamos funcionando pero entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, alertaron.

Entre las primeras disposiciones, la UBA anunció la reducción en el uso de energía eléctrica, cambios en los horarios de encendido de luces y recortes en gastos operativos. A esto se suman la baja de becas de investigación y dificultades en el mantenimiento edilicio, lo que, según las autoridades, pone en riesgo el normal funcionamiento de la institución.

La UBA y gremios universitarios convocaron a una Marcha Federal por la Educación

Tras la decisión del Gobierno nacional de vetar la nueva ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto, diversos gremios como CONADU, UDA, FEDUN y FAGDUT llamaron a una nueva Marcha Federal de la Educación el día que el Congreso trate en el recinto la aceptación o el rechazo del veto presidencial.

Con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno debía recomponer al 1° de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC en el período comprendido entre el 1° mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.

Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional debía “actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas” desde el 1° de diciembre de 2023 en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período. “Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable”, indicaba el texto.

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