Docentes y no docentes anunciaron un paro nacional de 24 horas y una nueva marcha federal para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza se realizará este viernes y la movilización tendrá lugar el día en que el Congreso de la Nación trate la insistencia de la norma, con fecha tentativa para el 24 de septiembre.
El Frente Sindical Universitario, que agrupa a las principales federaciones de trabajadores de las universidades públicas, confirmó la convocatoria este miércoles por la noche, luego de que el Ejecutivo oficializara el decreto presidencial que anuló la Ley de Financiamiento Universitario, que aprobó el Senado el pasado 21 de agosto.
En ese marco, los gremios universitarios subrayaron que el veto “no sorprendió a nadie” y recordaron que ya tenían preparada una respuesta frente a la promesa de Milei. Por su parte, las organizaciones sindicales destacaron que toda la comunidad académica será parte del reclamo, en línea con lo resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y precisaron que la medida cuenta con la adhesión de CTERA, FAGDUT, FATUN, UDA, CONADUH, CONADU y FEDUN.
“Está claro que el ajuste, lejos de pagarlo la casta, lo pagan los jubilados y los trabajadores universitarios”, denunció el secretario general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), Norberto Heyaca.
En la misma línea, el secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Anró, advirtió que “la universidad pública, con su rol fundamental de ascenso social y motor de desarrollo, se encuentra hoy en una situación crítica”.
En este contexto, el rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 12 horas en el Consejo Superior de Viamonte 444, donde hablarán el rector Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicerrector Franco Bartolacci.
Vale recordar que los representantes del reclamo universitario ya habían anticipado nuevas medidas de fuerza en caso de que el Gobierno avanzara con el veto. “Es crucial consolidar, visibilizar y ampliar el respaldo de la población, que ya muestra un gran apoyo a la causa”, expresaron los secretarios generales de las organizaciones adheridas a CONADU tras una asamblea sindical.
Por último, el secretario general de CONADU, Carlos de Feo, planteó a comienzos de esta semana la necesidad de impulsar una nueva Marcha Federal Universitaria cuando el Congreso trate la vigencia del veto presidencial, con el objetivo de presionar a los diputados y senadores para que rechacen de forma definitiva el avance del Ejecutivo libertario.
El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario y envió el decreto al Congreso
El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario y envió el decreto al Congreso de la Nación donde se prevé su tratamiento en las próximas semanas. El presidente Javier Milei firmó este miércoles la medida que anuló la norma aprobada a mediados de agosto y que preveía un incremento en las partidas presupuestarias para las universidades públicas.
La Casa Rosada ya había anticipado que avanzaría con el rechazo y aplicó la misma decisión con la ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan. Además, la administración libertaria también adelantó que hará lo propio con la de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), con el objetivo de reforzar su política de recorte sobre iniciativas aprobadas por amplio margen legislativo.
En los fundamentos del veto, el Gobierno de Javier Milei sostuvo que la ley “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto”, al tiempo que remarcó que el proyecto “mina la estabilidad macroeconómica” y provoca “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
Finalmente, el decreto advirtió que un aumento del gasto público sin respaldo real empujaría al Estado a financiarse con emisión monetaria “sin un anclaje de sostenibilidad”, una medida que, según el Poder Ejecutivo, “se trasladaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”.
