Este martes durante la madrugada, el Gobierno nacional de Javier Milei derogó una normativa que regía desde hace más de tres décadas, y que imponía controles sobre las cuotas y matrículas de los colegios privados. De esta manera, a partir de ahora los establecimientos podrán fijar libremente los precios de las cuotas sin necesidad de autorización previa del Estado.
La medida, instrumentada a través del Decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, marca un cambio profundo en el esquema de regulación educativa vigente desde los años 90, y genera un nuevo escenario para las instituciones, las familias y el sistema de enseñanza privado en su conjunto.
Es que, la disposición que lleva la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de Economía, Luis Caputo, elimina el Decreto 2417/1993, que establecía un sistema de control estatal sobre los aranceles de los institutos de enseñanza pública de gestión privada, y pone fin a la obligación de comunicar y obtener autorización antes de modificar los valores de las cuotas.
De acuerdo a los fundamentos que expuso el Gobierno nacional en el decreto, la norma anterior “dificultaba la adaptación de los colegios privados a las realidades educativas y económicas del país”, al tiempo que imponía mecanismos de control considerados “burocráticos y desactualizados” por la administración libertaria frente a las condiciones actuales del sector.
En los considerandos del nuevo decreto, el Ejecutivo argumenta que el régimen derogado respondía a una “estructura centralizada del sistema educativo, previa a la transferencia de competencias a las provincias”, y señaló que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los colegios privados”, en busca de “garantizar la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
Además, la medida justifica que la intervención estatal en la fijación de aranceles para los colegios privados generó “efectos contraproducentes” para el funcionamiento de los mismos, ya que restringía su capacidad para ajustar los precios en función de la inflación, los aumentos salariales o los costos operativos. En consecuencia, el decreto sostiene que las instituciones educativas se veían “obligadas a establecer valores iniciales más altos para cubrir posibles incrementos futuros”, lo que afectaba directamente a las familias y encarecía el acceso a la educación privada.
De esta manera, el Gobierno nacional consideró que el sistema de autorización previa “creaba una situación de incertidumbre económica”, y que su eliminación permitirá a los colegios privados responder de manera más dinámica a las condiciones del mercado. “La exigencia de informar con antelación los valores de matrícula y cuotas limita la capacidad de los establecimientos de adaptarse a las fluctuaciones económicas”, sostiene el decreto, que enfatiza la necesidad de “garantizar la libre contratación” entre las partes.
Entre los argumentos centrales, el texto alude al derecho de propiedad de las instituciones, al afirmar que los colegios privados “deben tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. En la visión del Ejecutivo, las tarifas reguladas generan “una rigidez que termina atentando contra la calidad educativa”, ya que los establecimientos no pueden adecuar su estructura de costos a tiempo ante variaciones de precios o aumentos salariales del personal docente.
Por último, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 que regula el financiamiento de la educación privada, y a elevar una propuesta de actualización normativa. De este modo, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo basado en la libre competencia, en el que los colegios determinen sus aranceles “en función de las condiciones del mercado, la demanda educativa y la calidad del servicio que ofrecen”.
Según fuentes oficiales, la desregulación apunta a fortalecer la sustentabilidad económica de los colegios privados, y a ampliar la oferta educativa en ese ámbito. Sin embargo, organizaciones de padres y docentes expresaron preocupación por el posible impacto de la medida en las cuotas, ya que podría derivar en incrementos abruptos en el corto plazo, especialmente en provincias donde la educación privada tiene una alta participación dentro del sistema escolar.
