El Gobierno nacional por estas horas analiza enviar al Congreso de la Nación un paquete de leyes para industrializar el litio, considerado por muchos el “mineral del futuro”, para darle valor agregado a ese metal y crear nuevos puestos de trabajo en el país.
En ese sentido, las iniciativas del Gobierno para industrializar el litio podrían incluir una ley de “cuotas” para el mercado interno, regalías móviles e incentivos a las empresas que explotan ese mineral con un nuevo marco para la electromovilidad.
De todas maneras, las medidas que planea el Gobierno para industrializar el litio las tomará de común acuerdo con las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, que son las dueñas de los recursos naturales necesarios para este proceso.
El pasado martes, a través de un comunicado difundido por la Mesa del Litio, integrada por los gobiernos de las tres provincias, junto a la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la empresa nacional Y-TEC, el Gobierno reveló sus planes para con este metal.
“Acordamos la necesidad de instrumentar mecanismos para que las empresas productoras de litio asignen un porcentaje para la industrialización y el agregado de valor en Argentina, particularmente en las provincias productoras”, afirmó la Mesa del Litio.
Concretamente, el objetivo del Gobierno es que se industrialice el litio en Argentina, por lo que consideran que el mineral no tiene que ser exportado en su totalidad como carbonato o hidróxido a otros países que luego avanzan en el armado de celdas y baterías.
Además, para que haya interés de las empresas en avanzar localmente en la industrialización del litio, el Gobierno nacional trabaja por estas horas en una nueva ley de electromovilidad, con el objetivo de darle incentivos a las compañias que explotan este mineral.
En esa clave, una fuente oficial aseguró que lo que plantea el Gobierno es similar al “modelo chileno”, con la diferencia de que el entramado nacional es mucho más amplio que el del país andino al contar con varias terminales automotrices.
A diferencia del modelo chileno y boliviano, el Gobierno descartó la idea de nacionalizar el litio o declararlo recurso estratégico, dado que en una reunión en enero con Adefa y Smata, el Ejecutivo le transmitió al sector automotriz el interés de que avancen en vehículos eléctricos.
Otro tema que plantea la Mesa del Litio es el impositivo. “Las provincias no están participando de las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, a partir del crecimiento considerable del precio internacional, para lo que se está evaluando qué medidas adoptar”, se quejaron.
Sobre este punto, una de las medidas que el Gobierno analizaba, pero que ya fue implementada, fue la eliminación del reintegro a las exportaciones al litio, un estímulo a las empresas que fue transformado en un fondo para las provincias.
Esos reintegros, se establecieron sobre un mineral que en el formato de carbonato de litio se vendía a principios de 2021 a USD 4.000 la tonelada, mientras que actualmente se comercia en más de USD 71.000, según Trading Economics.
Otro de los ítems sobre la mesa es el futuro de las prerrogativas que cobran las provincias, dado que el Gobierno podría tenderse a un esquema de “regalías móviles”, según el precio internacional o el nivel de procesamiento del litio en el país.
“Hemos planteado nuestra preocupación, toda vez que hay un aumento exorbitante en los precios del mineral a nivel internacional, que eso no se compadece con la renta que están recibiendo las provincias litíferas, tema sobre el que vamos a hablar con las empresas”, concluyó la Mesa del Litio.
