Esta mañana el Gobierno nacional salió a cuestionar la nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará durante todo este martes en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento y en rechazo al ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei sobre el sistema educativo superior.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezó este lunes una conferencia de prensa junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que ambos funcionarios intentaron desacreditar la convocatoria. En ese marco, el Ejecutivo nacional vinculó la movilización con sectores opositores y buscó restarle legitimidad al reclamo de docentes, estudiantes y rectores.
“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política”, afirmó Álvarez durante la rueda de prensa que organizó la cartera nacional.
Vale precisar que la movilización de la comunidad universitaria tendrá su acto central este martes desde las 17 horas en Plaza de Mayo, mientras que las distintas organizaciones convocantes concentrarán previamente en diversos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del resto del país.
El principal reclamo del sector apunta a que el Gobierno ejecute la Ley de Financiamiento Universitario que sancionó el Congreso nacional el año pasado. La normativa contempla, entre otros puntos, mecanismos de actualización presupuestaria y recomposición salarial para docentes y nodocentes, en línea con la inflación acumulada entre 2024 y 2025.
Sin embargo, la Casa Rosada se mantiene firme en su postura y sostiene que la ley no precisaba de dónde saldrían los recursos necesarios para su implementación, por lo que incumplía la Ley de Administración Financiera. En tanto, las universidades nacionales rechazaron esa interpretación, presentaron un amparo judicial y ya obtuvieron dos fallos favorables, mientras aguardan por una definición de la Suprema Corte de Justicia.
En ese contexto, Álvarez aseguró que la conducción libertaria solamente cumplirá con la Ley de Presupuesto vigente y consideró que la norma reclamada por las universidades quedó “abstracta” tras la aprobación del Presupuesto nacional.
“Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? En las convocatorias te das cuenta de que es claramente política”, finalizó el dirigente libertario al referirse a la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la reciente foto de rectores peronistas junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El Gobierno defendió su política educativa, en la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria
En otro tramo de la conferencia, Álvarez cuestionó el esquema actual de distribución de fondos para las universidades nacionales y apuntó contra el funcionamiento administrativo de las casas de altos estudios. El funcionario de Milei sostuvo que “el presupuesto universitario es arbitrario” y aseguró que “se designa por rosca política”.
Por su parte, Pettovello buscó reforzar el discurso oficial sobre la educación pública y negó que el Gobierno tenga intenciones de cerrar universidades nacionales. La titular de Capital Humano defendió la postura del Ejecutivo y planteó que la discusión forma parte de una disputa ideológica más amplia.
“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, enfatizó Pettovello.
Finalmente, la nueva Marcha Federal Universitaria marcará la cuarta movilización masiva de la comunidad educativa desde el inicio de la gestión libertaria en 2023. En paralelo, rectores, sindicatos docentes, nodocentes y centros de estudiantes de todo el país mantienen sus reclamos por presupuesto, salarios y financiamiento científico, en medio de un conflicto que todavía no encuentra una salida política ni judicial.
