El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de ajuste y reestructuración en el área de Derechos Humanos. El titular de la cartera, Alberto Baños, perdió jerarquía y pasó a desempeñarse como subsecretario, según el decreto 357/2025 publicado este lunes y que comenzó a regir desde el 22 de mayo.
La decisión se enmarca en los anuncios realizados la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó un recorte del 40% en la estructura del área y del 30% en su personal, lo que implicaría un ahorro anual de nueve mil millones de pesos.
“La cartera ahora sí se encargará de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, aseguró el portavoz del Gobierno en conferencia de prensa.
El decreto lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien defendió la decisión al asegurar que “el contexto actual exige el análisis y adopción de medidas urgentes para mejorar la estructura, funcionamiento y sustentabilidad del Estado”.
En la misma línea, el funcionario de la administración libertaria agregó: “Desde que asumimos, ya fueron despedidos 405 empleados militantes, lo que representa el 44% del personal recibido”.
La reducción en el área de Derechos Humanos y el descenso de rango de Alberto Baños marcan un cambio de rumbo respecto a la gestión anterior. El ex juez ya había asumido el cargo en 2023 bajo una modalidad similar: sin sueldo, por decreto, y con funciones “ad honorem”.
En aquel momento, trascendió que Baños conocía a Cúneo Libarona del ámbito académico, por haber trabajado junto a él en la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad del Museo Social Argentino.
Sin embargo, el ajuste en Derechos Humanos generó fuerte controversia a comienzos de año, cuando se anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
Según denuncian los organismos de Derechos Humanos, el cierre del Conti impactó de forma directa en 87 trabajadores, que fueron puestos en situación de “guardia pasiva”. Esta condición implica que deben permanecer en sus domicilios, atentos a eventuales llamados de las autoridades, sin certezas sobre la continuidad laboral ni precisiones sobre los tiempos del proceso.
En paralelo, el comunicado oficial de la cartera señalaba que quienes no hubieran aceptado el Plan de Retiro Voluntario, o no hubieran sido considerados “trabajadores imprescindibles”, tenían prohibido presentarse en el lugar desde el 2 de enero de 2025.
La disposición generó un fuerte malestar entre los empleados y organismos vinculados a la memoria, que organizaron una asamblea permanente en la puerta del edificio. Desde entonces, el espacio permanece con custodia policial.
Derechos Humanos, y Cultura, en la mira del Ejecutivo
El anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, no se limitó a los cambios en el área de Derechos Humanos y también anticipó una serie de reformas estructurales en el ámbito de la Cultura.
Según expresó el portavoz de Javier Milei, el Gobierno nacional avanza con un plan destinado a “mejorar la eficiencia de la gestión pública y reducir los gastos administrativos”. En ese marco, el funcionario enumeró la eliminación de 200 áreas del Estado, la disolución de 10 ministerios y la baja de unos 45.000 contratos.
Entre las modificaciones más relevantes figura el cambio en la estructura del Instituto Nacional de Teatro (INT), que perderá su autarquía y pasará de una gestión descentralizada a una administración coordinada netamente desde el Ejecutivo.
El comunicado oficial explicó que, con el fin de optimizar los recursos disponibles, se eliminarán tanto el Consejo Directivo como los representantes provinciales, con el objetivo de generar un ahorro significativo que será destinado íntegramente al fortalecimiento y desarrollo del teatro nacional. En este contexto de reorganización, Federico Brunetti fue designado como el nuevo director nacional, encargado de liderar la transición y la gestión del instituto.
En tanto, el proceso de centralización alcanzó a otras instituciones culturales como el Museo de Bellas Artes, el Palacio Libertad (ex CCK), Tecnópolis y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
En este contexto, los institutos Sanmartiniano y Evita serán transformados en museos nacionales, mientras que el Instituto Yrigoyeneano y el Instituto Rosas se fusionaron en una nueva entidad. En paralelo, se disolvieron los institutos Browneano, Newberiano y Belgraniano, cuyos roles y funciones pasarán a ser absorbidos por la nueva estructura centralizada.
Asimismo, las autoridades nacionales anunciaron la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que tendrá como objetivo estudiar a próceres y figuras destacadas de la historia nacional.
Finalmente, el Gobierno libertario justificó estas reformas culturales con el fin de “maximizar la eficacia de la gestión” y optimizar la asignación de recursos públicos. La centralización, según el Ejecutivo de Javier Milei, evitará la dispersión de decisiones políticas y permitirá una distribución más eficiente del presupuesto.
