El Gobierno de Javier Milei este miércoles oficializó la creación del Consejo de Mayo con un decreto publicado en el Boletín Oficial, luego de los detalles que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la estructura que tendrá los nombres definitivos en los próximos 30 días.
De esta manera, la normativa señala que el Consejo de Mayo tiene como objetivo “promover la implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo”, el acuerdo que firmó el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a 18 gobernadores, en la provincia de Tucumán.
A través de sus redes sociales, Adorni explicó que el Consejo de Mayo tendrá un presidente que será de la Jefatura de Gabinete y seis consejeros, que serán propuestos uno por el Poder Ejecutivo, otro por las provincias, otro por Senadores, otro por Diputados, otro los sindicatos y otro por los empresarios.
Así, la presidencia estará encabezada por la jefatura de Gabinete, por Guillermo Francos, que también será el representante del Poder Ejecutivo elegido por el Presidente, lugar que alcanzó gracias a su labor en las negociaciones para la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.
Según trascendió, el Gobierno espera que el representante de los empresarios salga del Grupo de los Seis, mientras que desde Casa Rosada anticiparon que el consejero de los gremios podría ser el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez.
Es preciso recordar que, Milei, al momento de firmar el acuerdo con los Gobernadores, anunció que el Consejo de Mayo tendrá como misión “traducir cada uno de los incisos” en una “legislación efectiva” para enviar los proyectos al Congreso de la Nación.
El decreto que oficializa la creación del organismo señaló que su función será la de asesorar al Ejecutivo en la articulación e implementación de medidas para cumplir los lineamientos del Pacto de Mayo, realizar estudios, desarrollar planes, formular propuestas y elaborar una agenda de trabajo.
En esa línea, el Consejo de Mayo tendrá la facultad de pedir informes a las jurisdicciones y organismos del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, así como también la de llevar adelante debates y mecanismos de consulta para conocer el estado de la opinión pública.
