En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei avanzó un nuevo casillero en el conflicto abierto que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde fines del año pasado, y dispuso citaciones formales a los contadores del ente rector del fútbol en Argentina y de la Superliga para que den explicaciones respecto de las presuntas inconsistencias en sus balances.
Es preciso mencionar que, esta medida fue impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), y apunta a que ambas entidades justifiquen los movimientos y flujos de dinero por un total estimado de 450 millones de dólares, en audiencias que comenzarán a desarrollarse a lo largo de esta semana y que profundizan la tensión entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia.
En tanto, la ofensiva se inscribe en un proceso de control que comenzó a escalar a fines de 2025, y ahora tanto la AFA como la Superliga deberán dar explicaciones detalladas sobre los estados contables y financieros que adeudan desde el año 2017, una situación que, de acuerdo con el Gobierno, “no admite más dilaciones”.
En ese marco, se exige justificar un flujo de dinero de 111 millones de dólares en el caso de la AFA, y de 340 millones de dólares en el de la Superliga, además de la documentación respaldatoria de los gastos e inversiones vinculadas con actividades que no estarían contempladas en sus estatutos sociales.
De acuerdo a lo informado por la IGJ, el plazo para que la AFA regularice esa situación vence el próximo 20 de enero, fecha límite para que ambas entidades presenten los balances pendientes. Al mismo tiempo, la convocatoria a los contadores tiene como objetivo que den explicaciones precisas sobre las cifras contenidas en esos estados contables, respondan las observaciones formuladas por el organismo de control y aclaren los criterios utilizados para avalar operaciones de magnitud significativa.
Por su parte, desde el Gobierno nacional subrayaron que el procedimiento que se llevará a cabo con la AFA y la Superliga es el mismo que se aplica a todas las personas jurídicas privadas registradas, y que no existen excepciones para ninguna institución, independientemente de su peso político o simbólico.
Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Justicia señalaron de manera específica que se le reclama a la entidad que conduce Tapia la presentación de documentación relacionada con gastos e inversiones asociados a actividades que no estarían incluidas dentro de su objeto social, y recordaron que tanto la AFA como su estructura dirigencial “integran una asociación civil sin fines de lucro”, condición que conlleva obligaciones formales claras y un marco de control estatal que no puede ser soslayado.
En este contexto, el Ejecutivo reforzó un mensaje político de fondo al ratificar su “compromiso con la igualdad ante la ley”, y advirtió que “nadie se encuentra por encima de las normas vigentes ni goza de privilegios especiales”. Bajo esa lógica, la administración de Javier Milei insistió en que la AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones inscriptas ante la IGJ, sin tratamientos diferenciales.
Es preciso mencionar que, la advertencia no quedó solo en el plano discursivo, ya que el Ministerio encabezado por Mariano Cúneo Libarona anticipó que la falta de respuesta de la AFA o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.
El Gobierno intensifica su ofensiva contra la AFA: que dijo el titular de la IGJ
Por su parte, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, explicó los fundamentos del accionar oficial y cuestionó públicamente la falta de información, al sostener que la AFA “es una asociación civil sin fines de lucro que cuenta con autorización estatal para funcionar” y que, como tal, goza de ventajas impositivas y previsionales similares a las de los clubes de fútbol.
En ese marco, Vítolo planteó que si el organismo de control no accede a los números y a la información contable completa tanto de la AFA como de la Superliga, se vuelve imposible ejercer adecuadamente la tarea de fiscalización que le corresponde por ley.
En cuanto al cronograma concreto de las audiencias, la IGJ ya definió el detalle de las citaciones: para este miércoles está convocado el auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional, el contador Fernando Dubois, quien deberá brindar explicaciones sobre los estados contables que avaló entre los años 2020 y 2024, en una presentación que será la primera de una serie de comparecencias que el Gobierno considera clave para despejar las dudas detectadas en la revisión de la documentación.
Un día después será el turno de los contadores de la AFA, Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi, que deberán responder por distintos períodos. Es que, Carraro deberá explicar los balances correspondientes a 2017, Mucelli los de 2018, 2019, 2020 y 2021, y Bisurgi los de 2022, 2023 y 2024.
Con estas citaciones, el Gobierno de Milei busca avanzar en un control exhaustivo de las cuentas del fútbol argentino y dejar en claro que el conflicto con la AFA no se limita al plano político, sino que tiene como eje central el cumplimiento estricto de las obligaciones legales y contables.
