La diputada de Fuerza Patria, Viviana Guzzo, en las últimas horas dio nuevo impulso a su proyecto de “Autogeneradores Comunitarios”, que recibió media sanción en noviembre pasado y aguarda por su tratamiento en el Senado bonaerense.
A través de su cuenta de X, la dirigente de la Cuarta sección compartió un video donde recordó la reciente aprobación de la Cámara baja y reflotó los principales lineamientos de su presentación: “La ley permitirá que las cooperativas y las concesionarias de toda la provincia puedan generar energía a través de fuentes renovables para abastecer a sus usuarios y asociados”.
El proyecto, que retoma una iniciativa original del exlegislador peronista Matías Molle, autoriza a los concesionarios municipales que prestan el servicio de distribución de energía eléctrica a desempeñarse como autogeneradores comunitarios. El articulado define a estos agentes como aquellos prestadores que generen energía eléctrica a partir de sistemas híbridos de origen renovable.
“La propuesta plantea impulsar el proceso de transición energética hacia tecnologías y recursos de baja emisión de gases de efecto invernadero, priorizando el desarrollo de las energías de origen renovables: eólicas, solares térmicas y fotovoltaicas, como también las derivadas de la biomasa y del mar”, justificó el autor original del escrito parlamentario.
Entre otros aspectos centrales, el planteo retomado por Guzzo modifica una serie de artículos de la Ley N°11.769, que establece el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, y determina que la distribución y el transporte de energía eléctrica constituyen servicios públicos.
“La actividad de generación en cualquiera de sus modalidades, destinadas total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público, será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada a las normas legales que aseguren el normal funcionamiento del mismo”, establece el texto parlamentario.
Por caso, la actividad de autogeneración comunitaria de energía eléctrica a partir de fuentes renovables será considerada como parte de esta función social y obligará a la Provincia a proteger los derechos de los usuarios, establecer un régimen tarifario único para la actividad eléctrica en todo el territorio bonaerense y asegurar que los importes finales máximos a pagar por cada categoría de usuarios sean equivalentes en toda la provincia.
Asimismo, la normativa obliga al Estado provincial a asegurar adecuadamente la protección del medio ambiente y promover el uso racional de la energía a través de buenas prácticas de consumo, la fabricación y el etiquetado de artefactos eléctricos, además de la aplicación de nuevas tecnologías en materia de eficiencia energética.
Para reforzar la propuesta, el texto recupera una serie de indicadores que considera “reveladores” en la materia. Según los datos consignados, a diciembre de 2019 la generación de energía eléctrica que abastecía al país provenía en un 61% de fuentes fósiles, un 25% de centrales hidroeléctricas, un 6% de origen nuclear y apenas un 8% de otras fuentes renovables.
No obstante, la iniciativa advierte que las reiteradas crisis que desde hace décadas atraviesa el sector de los hidrocarburos, marcadas por la volatilidad de los precios, el exceso de producción y la capacidad de almacenamiento colmada, sumadas al impacto de la crisis sanitaria mundial sobre la demanda y las cotizaciones, preanunciaban una etapa de mayor “incertidumbre”, con efectos sobre la garantía de abastecimiento y la seguridad energética.
“La suma de estos efectos nos señala, palmaria e imperiosamente, la obligación ineludible de promover e impulsar un camino de transición hacia otras formas de organización económica y social que utilice otros tipos de energías más amigables con el clima y el ambiente, que no debemos dilatar”, concluye la presentación que Guzzo busca aprobar en el Senado bonaerense para convertir definitivamente en ley.
Vale precisar que a comienzos de este año, el Ejecutivo de Kicillof ya avanzó en esta línea y reglamentó un nuevo régimen que habilita a vecinos, pymes y consorcios a generar energía renovable de forma conjunta e inyectar excedentes a la red eléctrica.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, permite que dos o más usuarios se asocien para producir energía a partir de fuentes renovables, compartir la inversión inicial y obtener un beneficio económico por la energía que inyecten al sistema.
Guzzo busca avanzar en el Senado con su proyecto de Autogeneradores Comunitarios
