A la espera de la confirmación del tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto de ley de blanqueo de capitales, el Ministerio de Economía de la Nación implementaría la posibilidad de incluir criptomonedas que posean los argentinos en el exterior.
En ese sentido, el anteproyecto de blanqueo incluye “criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares” como parte de los activos financieros en el país o en el exterior susceptibles de ser declarados.
En caso de aprobarse la ley de blanqueo, esta permitirá que las personas declaren “de manera voluntaria y excepcional” ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los siguientes bienes o activos: moneda nacional o extranjera, activos financieros (entre ellas, las criptomonedas), inmuebles, muebles y demás bienes, incluyendo créditos.
El proyecto de blanqueo exige que los activos en monedas extranjeras, por ejemplo, el dólar, sean depositadas en entidades bancarias. Sin embargo, en el caso de las criptomonedas será suficiente con presentar una declaración jurada en la que consten los activos que posee el declarante.
Pese a que aún resta conocer la reglamentación de la ley de blanqueo para determinar cómo será el proceso de exteriorización, a las criptomonedas se le aplicaría el mismo esquema de impuesto especial que a otros activos.
En esa línea, el pago de las alícuotas arrancan en el 2,5% hasta el 31 de marzo, y luego subirán al 5% y al 7,5% en los posteriores trimestres. En el caso de las personas físicas, sólo serán de aplicación en el blanqueo aquellas criptomonedas adquiridas antes de la fecha de entrada en vigencia de la norma.
Según precisaron desde el Gobierno nacional, el proyecto de ley enviado al Congreso por el Ministro de Economía, Sergio Massa, será una de las prioridades en las siete iniciativas económicas que podrían incluirse en el listado de las sesiones extraordinarias que podrían comenzar a partir del 15 de enero.
En consecuencia, las personas que adhieran al blanqueo de capitales quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados (incluida la omisión de declaración de Ganancias y Bienes Personales).
