El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Héctor Gay, esta semana presentó un proyecto para “garantizar la libre circulación y el acceso al trabajo” frente a conductas que los afecten de manera sustancial, tales como los cortes de calle en el ingreso de establecimientos productivos y comerciales. Una especie de ley antipiquetes de la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pero en la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, el legislador libertario por la Sexta sección electoral propuso incorporar al Código de Faltas de la provincia el artículo 74er, destinado a aplicar multas económicas o arresto de hasta 30 días a aquellos que “impidieren el acceso o egreso de personas y vehículos a establecimientos productivos, como así también la libre circulación en la vía pública”.
“Esta delimitación resulta esencial para garantizar la constitucionalidad de la norma, en tanto evita cualquier valoración subjetiva vinculada a la finalidad o motivación de la conducta”, fundamentó Gay, quien aclaró que no están incluidas en las infracciones las manifestaciones pacíficas o el ejercicio del derecho a huelga.
Según detalló el diputado bonaerense, el objetivo es incorporar al régimen contravencional una figura específica destinada a sancionar la obstrucción material de accesos y circulación en la vía pública “cuando dicha conducta afecte de manera concreta la libertad de trabajo y el normal desenvolvimiento de actividades económicas y sociales”.
De esta manera, la conducta a sancionar se identifica en el impedimento físico efectivo, es decir, “la obstrucción concreta mediante elementos físicos o mediante la organización de personas que imposibilite el acceso o egreso de personas, vehículos o mercaderías, o la circulación en la vía pública”.
“La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que los derechos constitucionales no son absolutos y deben ejercerse en armonía con los derechos de terceros y el orden público. En particular, el ejercicio del derecho de protesta no puede traducirse en la anulación total de otros derechos de igual jerarquía, como la libertad de trabajo, la circulación”, afirmó Gay.
Por último, el proyecto del diputado de La Libertad Avanza incorpora, como garantía, la obligación de intimación previa al cese de la conducta antes de la aplicación de cualquier sanción por partes de las fuerzas de seguridad. “Este requisito refuerza el principio de razonabilidad, asegura el debido proceso y garantiza que la intervención estatal opere como último recurso”, indicó.
A nivel nacional, entre el año 2021 y 2024, se registraron más de 50 episodios de violencia contra empresas que fueron denunciados en la justicia penal. La mayoría de las denuncias fueron contra los sindicatos por bloqueos, amenazas, extorsión o turbación de la posesión.
Es preciso señalar que, el denominado “protocolo antipiquetes” impulsado por el Gobierno nacional a fines de 2023 habilitó a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”. No obstante, en rutas, avenidas o calles que estén bajo jurisdicción provincial, las fuerzas sólo pueden intervenir a pedido de los gobiernos provinciales y en casos que “esté en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes”.
Con relación a los piquetes, el Código de Faltas bonaerense sólo establece sanciones para aquel que “maliciosamente” dificulte el tránsito de personas o vehículos de cualquier modo, ya sea llevando animales o vehículos en lugares reservados al paso de peatones o colocándolos en las calles, plazas, paseos, de manera que obstaculicen el tránsito.
