El Gobierno nacional suspendió el proceso de licitación de la Hidrovía luego de que solo una empresa presentara oferta y denunció “posibles presiones” para limitar la competencia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la medida y aseguró que la administración de Javier Milei “será implacable ante cualquier intento de manipular los resultados”.
El proceso de selección, lanzado en noviembre pasado, despertó múltiples cuestionamientos desde la apertura misma. De las 11 empresas que habían mostrado interés en el pliego, solo Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) presentó una oferta. La ausencia de Jan de Nul llamó la atención, ya que la compañía había expresado su interés y rechazado acusaciones de que el pliego estaba diseñado a su favor.
El plazo para presentar ofertas venció a las 12:59 del miércoles. Minutos después, publicaron el acta de apertura de sobres y se confirmó que DEME era la única oferente. En conferencia de prensa, Adorni sostuvo que el Gobierno había garantizado las condiciones para una licitación transparente y que, ante la falta de competencia, el proceso debía anularse.
En este marco, el Ministerio de Economía de la Nación informó que se abrirá una investigación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con el objetivo es determinar si DEME presionó a otras empresas para que no participaran o si hubo un acuerdo entre firmas para perjudicar al Estado.
No obstante, la situación dio un giro inesperado ya que DEME, que había denunciado irregularidades en el proceso, quedó ahora bajo sospecha. La empresa había intentado frenar la licitación con una medida cautelar, pero la Justicia finalmente rechazó su pedido. Tras la decisión del Gobierno libertario, la compañía sostuvo en un comunicado: “Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora [Jan de Nul] y otras competidoras no se han presentado”.
Al respecto, la actual conducción nacional no informó aún si modificará los pliegos ni cuándo relanzará la licitación. Esta incertidumbre afecta a empresas interesadas en la concesión y a los exportadores que dependen de la Hidrovía para trasladar mercancías. Asimismo, pone en duda los planes de privatización de Javier Milei, que busca cerrar la Administración General de Puertos (AGP), el organismo estatal que actualmente cobra el peaje de la vía navegable.
La Hidrovía es la principal ruta comercial del país y permite la circulación del 80% de las exportaciones agroindustriales a través de su trazado que conecta Buenos Aires con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, y se extiende hacia Brasil, Paraguay y Bolivia.
Las obras proyectadas buscan ampliar la profundidad del canal de 36 a 39 pies, lo que permitiría aumentar la capacidad de carga de los buques y elevar la facturación de la concesionaria a 410 millones de dólares anuales en concepto de peajes. Sin embargo, la licitación quedó en suspenso y el futuro de la Hidrovía sigue sin definirse.
Pulti denunció irregularidades en la licitación de la Hidrovía: “Es una brutal entrega de la soberanía”
El diputado y presidente de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, en la Legislatura bonaerense, Gustavo Pulti, denunció en las últimas horas graves irregularidades en la licitación a 30 años de la Hidrovía, que impulsaba la administración de Milei.
“Las principales empresas del mundo no se presentaron porque es un escándalo, es una licitación totalmente irregular, viciada y armada a medida“, sostuvo Pulti, quien exigió transparencia y control público efectivo en la licitación de la Hidrovía.
Incluso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) alertó sobre graves irregularidades en el llamado a licitación de la Hidrovía, como la falta de intervención del Ministerio de Economía, la ausencia de dictamen jurídico previo y la integración de una Comisión Evaluadora sin idoneidad.
En ese contexto, el legislador oriundo de Mar del Plata advirtió que los plazos de presentación en la licitación fueron exiguos, impidiendo la participación de empresas con capacidad real de competencia.
Además, el diputado bonaerense señaló que el esquema licitatorio prevé una concesión de 30 años prorrogable por otros 30 años “consolidando un monopolio sin control de las provincias ni estudios ambientales actualizados”.
