La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Lucía Iañez, presentó un proyecto de ley para crear un sistema que garantice la limpieza, descontaminación, saneamiento y restauración básica de inmuebles, hogares o espacios donde se hayan cometido femicidios. La iniciativa busca brindar una respuesta estatal a familiares y allegados de las víctimas, con el objetivo de evitar que deban afrontar las consecuencias materiales y psicológicas que dejan las escenas de crímenes.
En concreto, la propuesta presentada por Iañez establece que el Estado de la provincia de Buenos Aires deberá intervenir una vez finalizadas las diligencias judiciales, periciales y de investigación, con el fin de eliminar los residuos biológicos de la víctima y otros elementos contaminantes, restablecer condiciones mínimas de higiene y habitabilidad de los hogares, evitar la exposición de familiares a los rastros del hecho y contribuir a una reparación material inmediata.
“La violencia letal por razones de género constituye la manifestación más extrema de un fenómeno estructural que afecta gravemente los derechos humanos de las mujeres. Cada femicidio no sólo provoca la pérdida irreparable de una vida, sino que genera profundas consecuencias sociales, económicas y emocionales sobre quienes integran el entorno familiar y afectivo de la víctima”, expuso la diputada, que supo acompañar a las víctimas durante su paso por la dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia bonaerense.
En esa línea, la legisladora remarcó que, una vez producidos los femicidios y concluidas las tareas judiciales, periciales y de investigación, son los familiares quienes deben enfrentar las consecuencias materiales inmediatas derivadas del crimen. “En numerosas oportunidades, esto implica regresar a viviendas o espacios donde permanecen rastros biológicos, daños estructurales, olores, manchas hemáticas u otros elementos vinculados directamente con el hecho traumático”, enfatizó la diputada de Fuerza Patria.
Por eso, el proyecto que Iañez ingresó a la Legislatura bonaerense prevé que las tareas de limpieza y saneamiento de las escenas del crimen se realicen dentro de las 24 horas posteriores al requerimiento, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. En tanto, podrán solicitar la intervención estatal los familiares de la víctima, convivientes, el Ministerio Público, la autoridad judicial competente o los organismos provinciales y municipales vinculados a las políticas de género.
En otro pasaje de los fundamentos del proyecto, la autora de la iniciativa destacó que la limpieza de los espacios donde se cometieron femicidios requiere conocimientos técnicos específicos y protocolos de bioseguridad. Sin embargo, Iañez sostuvo que el problema excede la cuestión sanitaria, ya que existe “una cuestión humana y social que merece especial atención: la carga emocional que representa para los familiares tener que afrontar personalmente la recuperación del lugar donde fue asesinada una persona querida”.
En ese marco, la diputada bonaerense afirmó que “obligar, directa o indirectamente, a madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas o personas allegadas a intervenir en la limpieza de una escena atravesada por la violencia extrema implica exponerlos nuevamente al hecho traumático y profundizar las consecuencias psicológicas derivadas del mismo”. “Esto configura una forma de revictimización que el Estado tiene el deber de prevenir y evitar”, completó la legisladora platense.
En tanto, el proyecto de ley que ingresó a la Legislatura bonaerense también plantea que las tareas de limpieza y saneamiento deberán ser consideradas como “medidas de reparación material complementarias a las acciones de acompañamiento psicológico, social, sanitario y jurídico” previstas en la legislación vigente sobre violencia de género.
En ese punto, Iañez recordó que la protección de las víctimas indirectas de femicidios surge de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos y prevención de las violencias por razones de género. “Las políticas públicas no deben limitarse exclusivamente a la investigación y sanción de los responsables, sino que deben contemplar mecanismos concretos de acompañamiento y reparación frente a las consecuencias que estos hechos generan en las familias y comunidades afectadas”, argumentó la diputada.
Por último, la diputada de Fuerza Patria destacó que la propuesta no crea nuevas estructuras administrativas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino que encomienda su implementación a la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo, que podrá articular acciones a través de convenios con municipios, universidades, hospitales públicos, organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil.
“La intervención estatal tiene como objetivo evitar que quienes ya han sufrido una de las expresiones más extremas de la violencia deban afrontar, además, las consecuencias materiales y simbólicas que permanecen en el lugar del hecho. La limpieza y restauración de estos espacios constituye una acción concreta de reparación, dignificación y acompañamiento que contribuye a mitigar los efectos de la violencia y reafirma el compromiso del Estado con la protección de las víctimas y sus familias”, concluyó en los fundamentos.
