Luego de que la AFIP reglamentara el régimen de registración de los contratos de alquiler, desde las organizaciones de inquilinos salieron apoyaron la medida y señalaron que es un avance en los derechos de los locatarios.
“Es un avance que va completando las indicaciones que emanan de la ley de alquileres y genera nuevos procesos administrativos para limitar la acción del mercado en una relación unilateral, que tiene precios sin criterios y que no ‘blanquea’ los ingresos”, dijo Esteban Concia, de la agrupación Inquilinos BA a Diputados Bonaerenses.
Por su parte, Germán Schierff de la Asociación Platense de Inquilinos señaló a este medio que “por primera vez el Estado va a tener un registro fehaciente de quiénes son los rentistas en la Argentina, la cantidad y monto de los alquileres, eso va a cambiar la política pública”.
Según destacaron desde el organismo, el objetivo de esta reglamentación es que se cumplan las obligaciones fiscales, ya que según las asociaciones de inquilinos, el 80 por ciento de los contratos se realiza en la informalidad.
“Va a servir para saber quiénes son los propietarios, posibilita tener datos concretos sobre los valores que se cobran en cada zona. Es un mercado que estuvo desregulado mucho tiempo, esta ley y el decreto vigente son las únicas medidas que favorecieron a los inquilinos desde la década del ’70. Hubo algunas medidas a nivel provincial, pero a nivel nacional hace más de 40 años que no había regulación, es un paso más”, afirmó Concia.
Asimismo, para Schierff va a permitir que “a los inquilinos que puedan deducir ganancias tengan una factura, va a estar la posibilidad de bancarización pero el verdadero aporte es que se sepa quiénes son los dueños y separar entre los pequeños propietarios y quienes tienen grandes cantidades de viviendas”.
La disposición de AFIP también permite que las y los inquilinos puedan informar de carácter voluntario estas cuestiones, dado el caso de que las inmobiliarias o propietarios se nieguen a hacerlo.
“Incluso sirve para discutir un índice de precios de inicio de los contratos, es una discusión que habrá que dar a futuro. Un derecho del inquilino tiene que ver con los derechos humanos básicos, como es el acceso a la vivienda. Los inquilinos se tienen que quedar tranquilos porque esto es un beneficio, la ley es muy buena y también el decreto a pesar de que muchos propietarios ejercieron presión para que se firmen nuevos contratos”, marcó Concia.
En tanto, desde las asociaciones de propietarios, cámaras empresarias relacionadas a las inmobiliarias y organizaciones de martilleros manifestaron que a partir de esta disposición de blanqueo, los alquileres volverán a subir y se retraerá la oferta.
“Es una transacción comercial y tiene que estar sujeta a regulación, no están acostumbrados a que se los regule, por eso ponen el grito en el cielo. Si el sector de propietarios está en contra, es porque esto es en beneficio de los derechos de los inquilinos y siempre van a buscar algún tipo de excusa para maximizar la ganancia”, sentenció Concia.
En el mismo orden, desde la API señalaron que se trata “de una respuesta habitual de un mercado que intentó mantener las reglas como quieren, es como ocurre con los alimentos. Los alquileres aumentaban muchísimo antes de la regulación, tiene que ver con una estrategia de disciplinar que con algo real”.
Cabe remarcar que si hubiese aumentos en los alquileres, estos no podrán aplicarse a los contratos ya firmados desde el primero de julio del 2020, ya que se actualizarán anualmente por un indicador del Banco Central, como señala la ley sancionada, pero sí podrían trasladarse a contratos nuevos o renovaciones de los mismos.
“Este tipo de reglamentación empieza a transparentar lo que no lo estaba, se quejan desde ese lugar, esto mejora las condiciones de los inquilino. Lo que se necesita hoy es tener un precio de referencia, así como pasa con los alimentos. Si el alquiler se lleva el 40% del ingreso, es difícil que sobre un flujo de dinero para poder consumir y aportar a la economía”, concluyó Concia.
Por otro lado, Schierff manifestó que el próximo paso serán “las mediaciones obligatorias para que no haya una relación violenta y que haya interventores para que se garanticen los derechos y el desendeudamiento de los inquilinos”.
