La senadora bonaerense de la Unión Cívica Radial (UCR), Nerina Neumann, presentó un proyecto para que el 16 de diciembre sea declarado en la provincia de Buenos Aires como una día de memoria, reflexión y proyección futura sobre la “Cuestión Malvinas“, en el marco de los 60 años de la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
La iniciativa fue anunciada por la senadora en el aniversario de la resolución aprobada el 16 de diciembre de 1965, durante el gobierno del presidente Arturo Umberto Illia, y apunta a reafirmar el camino del diálogo y la diplomacia como pilares del reclamo soberano argentino, con especial énfasis en su abordaje dentro del ámbito educativo y en la construcción de una política de Estado sostenida en el tiempo.
En ese sentido, Neumann destacó que la Resolución 2065 es la principal herramienta diplomática con la que cuenta la Argentina para sostener el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, que definió como justo, pacífico y permanente. La legisladora subrayó que el reconocimiento internacional de la disputa marcó un punto de inflexión en la estrategia argentina frente al Reino Unido, al dejar de lado el principio de autodeterminación y priorizar los derechos históricos y la integridad territorial.
En tanto, la senadora recordó que la resolución fue el resultado de una intensa labor diplomática desplegada por la Cancillería argentina y la Misión Permanente ante la ONU, que logró capitalizar errores del Reino Unido y apoyos clave en los comités internacionales, que dieron lugar a un pronunciamiento que invitó a ambas partes a negociar sin demora una solución pacífica.
En ese contexto, Neumann remarcó que “honrar Malvinas implica recordar la historia, respetar a los veteranos de la guerra de 1982 y transmitir a las nuevas generaciones la vigencia del reclamo soberano argentino”, en una causa que definió como nacional y transversal a toda la sociedad, ya que interpela desde los sectores más humildes hasta las grandes ciudades, donde las islas forman parte del imaginario colectivo.
Cabe mencionar que, la causa de las Islas Malvinas tuvo su punto de inflexión en el ámbito internacional con el alegato del diplomático José María Ruda ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 1964, cuando afirmó que la presencia británica en el archipiélago se sostiene “sólo en base a un acto de fuerza arbitrario y unilateral”.
Ese señalamiento, que derivó en la Resolución 2065, se apoyó en hechos históricos documentados, como las instrucciones impartidas el 14 de septiembre de 1832 al comandante de la corbeta británica Clío, donde se ordenaba medir la fuerza disponible y actuar con violencia, lo que derivó en la usurpación de las islas el 2 de enero de 1833, que dio inicio a un largo período de reclamos argentinos sostenidos durante más de un siglo.
A lo largo de ese tiempo, la disputa incluyó instancias diplomáticas reiteradas y culminó en el conflicto armado de 1982, una guerra que se extendió durante 74 días y que dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos, un episodio que, si bien concluyó con la derrota militar, no implicó la renuncia de la Argentina al reclamo soberano de las Islas Malvinas, que continúa vigente en el plano político y diplomático.
En ese sentido, la Resolución 2065 de la ONU se erige como la base para una nueva estrategia internacional, al reconocer la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instar a ambas partes a negociar teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas y no sus deseos.
En lo que respecta a lo estratégico, adquiere relevancia el rol de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, última provincia creada en la Argentina en 1990, cuya jurisdicción incluye a las Malvinas, la Antártida y amplios espacios marítimos, lo que le otorga una importancia geopolítica clave en un contexto global atravesado por la creciente centralidad del Atlántico Sur.
En relación con el argumento británico basado en los “deseos” de los habitantes de las islas, se cuestiona la validez del referéndum realizado en 2013, señalado como una mera encuesta sin sustento jurídico internacional, además de las inconsistencias en los datos poblacionales y en la efectiva participación política, ya que una parte mayoritaria de los residentes carece de derechos económicos y políticos plenos.
