El presidente Javier Milei acusó públicamente al CEO de Techint, Paolo Rocca, de haber operado políticamente contra su Gobierno y lo vinculó con un entramado de intereses empresarios, mediáticos y políticos, en una embestida discursiva que profundizó el conflicto abierto tras la licitación que dejó afuera a Tenaris del suministro de tubos para un gasoducto clave vinculado a Vaca Muerta.
En ese marco, el jefe de Estado replicó en la red social X un mensaje que señalaba que Rocca “jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones” y acompañó la publicación con una sola palabra: “DATO”. La intervención presidencial marcó un punto de inflexión en una disputa que hasta entonces se había expresado en términos técnicos y económicos, pero que pasó de lleno al terreno político.
La reacción de Milei se produjo luego de que el Gobierno adjudicara a la empresa india Welspun el contrato para el suministro de 480 kilómetros de tubos, con una oferta de USD 203 millones, un 25% inferior a la presentada por Tenaris, firma controlada por Techint. Por primera vez en décadas, una compañía extranjera desplazó a un proveedor local en un sector estratégico, decisión que el Ejecutivo defendió como parte de su política de apertura y competencia.
Sin embargo, el Presidente fue más allá de la discusión comercial y en una serie de mensajes, cuestionó duramente a quienes criticaron la adjudicación y denunció presuntos vínculos espurios. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…”, escribió Milei, antes de apodar a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros”.
Por su parte, desde Techint denunciaron que la licitación habilitó competencia desleal al permitir insumos chinos subsidiados en la oferta de Welspun y al eliminar la protección arancelaria para la industria nacional. La Casa Rosada rechazó aplicar medidas antidumping y relativizó ese planteo al sostener que los subsidios “afectan a otros países y no a la Argentina”, con una definición tajante: “No vamos a pagar más caros los caños”.
A su vez, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la decisión oficial y cuestionó el esquema de preferencia local eliminado. Según explicó, “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, en línea con el diagnóstico libertario que rechaza cualquier tipo de protección sectorial.
La confrontación escaló aún más durante la participación de Milei en la Derecha Fest, en Mar del Plata, donde trasladó el conflicto con Techint a un discurso ideológico más amplio contra el empresariado que, según afirmó, vive de su relación con el Estado. Allí sentenció que quienes “hacen negocios turbios con el Estado” no deben recibir respaldo oficial y lanzó una advertencia directa: “Si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del mercado y debe ir a la quiebra”.
Sin nombrarlo de manera directa, el mandatario volvió a aludir a Rocca ante miles de militantes libertarios y profundizó el tono confrontativo. “Ese le pone un montón de guita a los periodistas”, deslizó Milei, en una frase que fue celebrada por el público y que consolidó la idea de una disputa abierta con uno de los grupos económicos más poderosos del país.
De este modo, el Gobierno presentó el conflicto como parte de una “transformación cultural” destinada a desmontar el estatismo y el proteccionismo, aun al costo de romper con actores tradicionales del poder económico. Con la licitación como detonante, el enfrentamiento con Techint dejó de ser un episodio técnico y se convirtió en una señal política de alto voltaje, con impacto directo en la agenda nacional.
Una batalla que Milei traslada al terreno político
Durante su paso por Mar del Plata, el Presidente no solo apuntó contra Techint sino que amplió el blanco hacia sectores del empresariado, la prensa y la dirigencia política. “Si quieren hacer negocios turbios con el Estado, deben ir a la quiebra”, afirmó, en una de las frases más duras del discurso.
A su vez, vinculó esa confrontación con su agenda de reformas estructurales y con el inicio de un nuevo período legislativo, en el que el oficialismo buscará avanzar con proyectos clave como la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, en sintonía, según planteó, con estándares internacionales.
El conflicto con Rocca, lejos de cerrarse en una licitación puntual, aparece así como una señal hacia el conjunto del establishment económico: el Gobierno libertario está dispuesto a romper consensos históricos y asumir el costo político de una disputa abierta con actores de peso.
