El Estado argentino le pidió a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que “reconsidere” su decisión de habilitar el acceso a comunicaciones privadas de funcionarios en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El planteo de la administración de Javier Milei busca frenar la medida de “discovery” que habilita la revisión de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros intercambios digitales de los actores políticos involucrados en la toma de decisiones sobre la petrolera nacional.
En ese marco, el especialista Sebastián Maril dio a conocer la presentación a través de sus redes sociales y anticipó que si Preska finalmente rechaza el pedido, el Ejecutivo podría avanzar en una nueva apelación. De ese modo, la estrategia oficial busca limitar el alcance de un fallo que involucra a actuales y exfuncionarios.
Vale recordar que a fines del mes pasado, la magistrada norteamericana había ordenado la entrega de comunicaciones vinculadas al actual ministro de Economía, Luis Caputo, a su antecesor Sergio Massa y a exintegrantes del gabinete de Alberto Fernández. Según lo dispuesto, las búsquedas deberán realizarse por palabras clave como “YPF”, “Banco Central” o “Aerolíneas Argentinas” en los dispositivos personales de los funcionarios.
Es que, los fondos Burford Capital y Eton Park, que impulsan el litigio, sostienen que YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Energía Argentina (ENARSA) y el Banco Central (BCRA) funcionan como “alter ego” del Estado nacional. Bajo ese argumento, los demandantes buscan que los activos de estas entidades puedan ser embargados para cobrar la sentencia de US$16.000 millones.
En tanto, desde la Procuración del Tesoro cuestionaron la decisión y la calificaron como un “acoso” judicial. A través de un escrito formal, las autoridades nacionales remarcaron que la medida de la Justicia neoyorkina, “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”.
En ese sentido, el organismo jurídico recordó que el país ya entregó más de 100.000 páginas de documentos en el marco del “discovery”. Entre ellas se incluyeron registros financieros de cuentas en Estados Unidos, la Argentina y otros países, lo que demuestra la cooperación brindada tras el fallo de primera instancia.
En su defensa, el Estado argentino también señaló que no dispone de los dispositivos desde los cuales se habrían originado las comunicaciones solicitadas. Según la Procuración, los teléfonos y computadoras pertenecen a los funcionarios a título personal, por lo tanto, la actual conducción nacional no está en condiciones de localizarlos ni de garantizar su entrega.
“El fallo interfiere con cuestiones de confidencialidad y soberanía institucional”, advirtió el equipo jurídico del Estado en el escrito remitido a Preska. Además de Caputo y Massa, el pedido incluye a otros altos funcionarios y exfuncionarios, lo que generó preocupación dentro del Ejecutivo que encabeza Javier Milei por el alcance potencial de la medida.
YPF: la Cámara de Nueva York suspendió la entrega del 51% de las acciones
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió frenar de manera temporal el embargo sobre el 51% de las acciones de YPF que había ordenado la jueza estadounidense, Loretta Preska. Con esta decisión, el Estado argentino podrá conservar la mayoría accionaria en la petrolera nacional, mientras se desarrolla el proceso de apelación contra el fallo.
Desde la Procuración del Tesoro destacaron el alcance de la medida y aseguraron que “garantiza que la Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
En esa línea, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó que el Tribunal de Apelaciones aceptó el planteo argentino y suspendió la orden dictada el 30 de junio por la Justicia neoyorquina. Además, el funcionario destacó que el fallo habilita al Gobierno de Estados Unidos a presentar documentos como “amigo de la corte”, lo que refuerza la estrategia de defensa del país.
Finalmente, la resolución coincidió con las dos apelaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Una discute la sentencia que ordena pagar US$16.000 millones a Burford Capital y Eton Park, mientras que la otra busca revertir la orden de Preska sobre la entrega de las acciones de YPF, ambas con audiencias fijadas para septiembre y octubre.
