Así como ocurrió a finales de 2018 y en principios de 2021, diputados provinciales de Juntos volvieron a presentar un proyecto que declara a la educación como servicio público esencial para evitar que reclamos gremiales o medidas de Gobierno impidan el cumplimiento del ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase.
La renovada iniciativa fue ingresada en las últimas horas por el diputado platense del Pro, Daniel Lipovetzky, acompañado por su par Sergio Siciliano, quien fuera subsecretario de Educación bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y autor de un proyecto que buscaba garantizar la presencialidad en las aulas cuando regía el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19.
La nueva propuesta de declaración de la educación como servicio público esencial pretende garantizar el derecho a una enseñanza completa de todos los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la escuela pública. “Una formación de excelencia es la base para la construcción de seres íntegros y honorables, y es además la concreción absoluta de futuras generaciones libres e independientes”, dijo Lipovetzky.
Según precisa el texto que comparte las firmas de Lipovetzky y Siciliano, el Gobierno bonaerense deberá generar las condiciones para cumplir con el normal funcionamiento de clases, teniendo como base la asistencia mínima en los establecimientos educativos y la obligatoriedad, por parte del cuerpo docente y no docente, de prestar el servicio correcto para compensar los días perdidos hasta lograr el mínimo requerido por la Ley.
“La educación es un derecho oficial y social, por lo que es claro la obligación de los Estados el garantizarles a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro territorio una enseñanza de calidad. Debido a esto surge la urgente necesidad de adoptar medidas concretas para asegurar el básico funcionamiento del sistema educativo”, remarcó Lipovetzky.
En el artículo 4°, el proyecto que declara a la educación como servicio público esencial establece que “ante cualquier supuesto que implique la afectación del servicio público esencial de educación, los trabajadores docentes y no docentes deben presentar servicios mínimos para evitar la interrupción del mismo”.
En tanto, en el siguiente articulado se deja sentado que “el incumplimiento de la prestación de los servicios mínimos, conforme a los estipulado en la presente ley dará lugar a las sanciones contempladas en el capítulo XXII de la ley 10.257”.
Una disposición que chocará contra los sectores gremiales que ya comenzaron a manifestar su descontento con la gestión de Axel Kicillof por los atrasos salariales en relación al creciente ritmo inflacionario. El 10 de agosto el Frente de Unidad Docente Bonaerense realizó su primar paro del año con cese de actividades en los colegios públicos. Una de las acciones que intentará bloquear el proyecto de Lipovetzky y Siciliano.
Juntos también va por la Emergencia Educativa
A principios de agosto, el diputado del Pro Sergio Siciliano ingresó un proyecto de ley de Emergencia Educativa para achicar la “brecha de desigualdad entre los estudiantes de los diferentes sectores sociales”.
Según el proyecto ingresado por Siciliano, la declaración de la Emergencia Educativa tiene por objetivo reducir la deserción escolar que motivó la emergencia sanitaria y el posterior periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Además de promover el cumplimiento del ciclo lectivo establecido por el Estado nacional, adherido por la provincia de Buenos Aires, revincular a los alumnos que hayan visto interrumpida su trayectoria educativa, realizar evaluaciones diagnósticas y aumentar la inversión presupuestaria en materia educativa.
Este último punto tomó aún más relevancia por estas horas a partir de la decisión administrativa 826/2022, firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, de recortar $15 mil millones del programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” y $30 mil millones al programa Conectar Igualdad (que se ocupa de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas).
En diálogo con Diputados Bonaerenses, el diputado Siciliano analizó que los planteos de “proscripción” del kirchnerismo por la causa Vialidad, que tiene por estas horas en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vienen a “cubrir los recortes de presupuesto en áreas sensibles, como los 50 mil millones en Educación”.
