Las dilaciones en torno al envío de fondos para los prestadores del servicio de salud en áreas de discapacidad siguen generando repercusiones en la Legislatura bonaerense. Este jueves, desde el bloque de senadores de Juntos presentó un pedido de informes para que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) explique por los retrasos en los pagos de las prestaciones médico-asistenciales.
“La gravedad de la situación afecta a un sector muy vulnerable de nuestra sociedad generando angustia y preocupación”, señaló la legisladora del GEN y autora del proyecto Lorena Mandagarán.
Por medio del texto ingresado por mesa de entrada de la Cámara alta este jueves, la legisladora azuleña busca “obtener un cuadro de situación sobre esta problemática que afecta a familiares y usuarios de servicios médicos asistenciales para personas con discapacidad”.
Como contó este medio, durante esta semana se realizaron protestas y acampes en distintos puntos del país con epicentro en Balcarce 50. Los prestadores y las familias de personas con discapacidad denuncian que el retraso es parte de un “ajuste”, mientras que desde el Gobierno nacional aclararon que se trata de una “demora administrativa”.
En este sentido, fue que la senadora Mandagarán solicita información, entre otras cuestiones, sobre los motivos de la demora del pago de las prestaciones a profesionales, proveedores de salud y transportistas de personas con discapacidad por parte de las Obras Sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud.
Así como también sobre la situación actual de los prestadores de servicios y de los usuarios de las prestaciones ante el incumplimiento; si existe fecha o plazo para regularizar la situación y efectuar el pago adeudado, y qué medidas se han tomado para disminuir el impacto negativo para los prestadores y las personas con discapacidad.
Otra de las preocupaciones de los familiares de personas con discapacidad pasa por trascendidos sobre un DNU que analiza el Gobierno para que la Agencia Nacional de Discapacidad absorba ahora el costo de las prestaciones por educación y transporte que actualmente cubren las obras sociales.
Se trata de un pedido expreso que le hizo la CGT al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para evitar que las obras sociales vayan a la quiebra: estiman que sólo en esos dos rubros se destinan unos 10 mil millones de pesos por mes.
Por esto, la senadora Mandagarán también requirió que ante dichas versiones se “explique si es cierto que se propicia desde el Poder Ejecutivo Nacional que las obras sociales dejen de dar las prestaciones a las personas con discapacidad, pasando las mismas a manos del Estado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad u otro organismo”.
“La posibilidad de suspensión de las prestaciones por esta situación pone en peligro uno de los principios básicos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada en nuestro país por Ley 26.378”, advirtió la senadora provincial.
Por último, Mandagarán indicó que “es necesaria una respuesta urgente que dé claridad y tranquilidad a los sectores involucrados, en pos de una sociedad más igualitaria y equitativa”.
