El colectivo de discapacidad mantiene el acampe frente a la Casa Rosada para denunciar el ajuste en el área de los servicios sanitarios, aunque el Gobierno nacional asegura que se trata de una “demora” en el pago.
La protesta cuenta con decenas de manifestantes que reclaman que el Estado gire los fondos correspondientes a las prestadoras de servicios, que se encargan, entre otras cosas, del transporte de personas discapacitadas.
En concreto, varias empresas ofrecen sus tareas para los pacientes discapacitados y cuentan con un aporte económico estatal para amortizar costos. Por ello, los manifestantes le reclaman al Gobierno que deposite el dinero adeudado a las compañías.
“El principal reclamo viene por la interrupción de los pagos. Los prestadores cobran meses después de brindar el servicio, pero en agosto no estuvieron percibiendo lo de mayo o junio”, aseguró Karina Herrera, titular de la Asociación de Familias, Prestadores y Personas con Discapacidad.
Los manifestantes aseguran que el retraso es parte de un “ajuste” en área, aunque desde la Agencia Nacional de Discapacidad reconocieron que el atraso en los pagos se dio por “inconvenientes administrativos” y afirmaron que ya comenzó a regularizarse la situación.
“Hay atrasos de entre 90 y 120 días, también demoras en las autorizaciones de los tratamientos, falta de cobertura en las prestaciones y reducción por parte de las obras sociales de las sesiones indicadas a los pacientes”, denunciaron los prestadores de servicios a discapacitados.
En principio, se esperaba que el acampe por el supuesto ajuste en al área de discapacidad culminara el 31 de agosto a la noche, pero todavía se esperan nuevas definiciones sobre el plan de lucha.
A su vez, también hubo movilizaciones en otros puntos del país, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, reclamando el urgente giro de fondos para el sector de discapacidad.
Finalmente, el acampe por el supuesto ajuste en discapacidad se efectúa desde el lunes y advierten que la protesta podría extenderse por otras dos jornadas, aunque desde el Gobierno afirman que no hay un recorte en el sector.
El Gobierno niega el ajuste en discapacidad
Por su parte, el Gobierno de Alberto Fernández rechaza la idea de que se esté produciendo un ajuste en el sector de discapacidad y aseguran que se trata únicamente de una demora en los pagos.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, dijo que “no hay ningún tipo de ajuste en ninguna de las áreas, lo que hay es una readecuación de partidas”.
Asimismo, la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, también señaló que “no hay ajuste” en discapacidad, sino que se trata solamente de una “reducción del déficit”.
Días atrás, la senadora provincial de Juntos, Lorena Petrovich, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto en rechazo al recorte del Gobierno nacional en las prestaciones para personas con discapacidad.
“El Ejecutivo nacional dispuso un cambio en los giros que generó una verdadera catarata de desajustes. Las consecuencias son las que debieron preverse: corte de servicios que impacta directamente en la vida de padres y chicos que necesitan más ayuda que nadie”, sostuvo Petrovich.
Al mismo tiempo, a diferentes sectores afectados les preocupa el DNU que analiza el Gobierno para que la Agencia Nacional de Discapacidad absorba el costo de las prestaciones por educación y transporte, que actualmente cubren las obras sociales.
