El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo, le exigió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que emita un informe en el que explique a qué organizaciones sociales pertenecen los 85 mil titulares del Potenciar Trabajo que fueron dados de baja por no haber validado su identidad, tal como lo había pedido la cartera el año pasado.
De esta manera, Tolosa Paz tendrá 72 horas hábiles para enviar al juzgado toda la documentación que le pidió Lijo, en la que debe estar incluida las unidades de gestión donde trabajaban los ex beneficiarios del Potenciar Trabajo, y se debe consignar a qué dirigentes sociales o punteros políticos respondía -o responde- cada uno de los titulares.
Cabe destacar que, el pedido de informes por parte del juez hacia Tolosa Paz, se debe a que el magistrado y sus colaboradores sospechan que existen intermediarios, es decir, dirigentes sociales, que se quedan con las tarjetas del Potenciar Trabajo para utilizarlas en sus organizaciones o campañas para sus espacios políticos. Los magistrados olfatean irregularidades.
En este sentido, si las sospechas de Lijo se verifican, quedaría al descubierto que los dirigentes sociales se quedaban con un monto total de 2.500 millones de pesos pertenecientes al Potenciar Trabajo por mes, lo que equivale a 30 mil millones de pesos anuales, de un presupuesto aprobado por el Estado nacional para llegar a los sectores más vulnerables.
En la misma línea, Lijo sospecha que una parte de los 85 mil usuarios que no realizaron la validación de identidad para continuar en la lista de beneficiarios del Potenciar Trabajo, no lo hicieron no por falta de conectividad o problemas con la página, sino porque eran víctimas de los dirigentes sociales que se quedaban con plata de los planes.
“No necesitamos certificar 50 mil casos de víctimas a las que los dirigentes sociales les quitaban la tarjeta del Potenciar Trabajo, o anotaban sus nombres en las listas para cobrar los fondos del Estado, con cuatro casos acreditamos el delito”, destacaron desde la oficina de Lijo, ubicada en Comodoro Py.
Asimismo, uno de los colaboradores de Lijo, explicó que la cartera a cargo de Tolosa Paz “está interesada en dar de baja 85 mil titulares del Potenciar Trabajo, mientras que en el juzgado solo queremos investigar a los intermediarios, dirigentes y funcionaros que retenían las tarjetas del plan social y cobraban en su nombre para obtener beneficios propios”.
En este sentido, uno de los trabajadores del ministerio a cargo de Tolosa Paz que está bajo la mira del juzgado de Lijo, es Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social de la cartera de Desarrollo, líder político del Movimiento Evita, y el encargado de gestionar el programa Potenciar Trabajo, que quedó en el ojo de la tormenta.
En este contexto, Tolosa Paz y Pérsico fueron denunciados por el fiscal federal Guillermo Marijuan, por “delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de poder y malversación de caudales”, luego de que se negaran a dar de baja 253.184 titulares del Potenciar Trabajo, tras irregularidades detectadas por la Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Además, es preciso mencionar que, hasta el momento, ni Tolosa Paz, ni Pérsico, mostraron interés en investigar las razones por las cuales esas 85 mil personas no validaron su identidad para continuar dentro de la lista de beneficiarios del Potenciar Trabajo, a pesar cobrar el plan todos los meses desde hace años.
Cabe mencionar que, la AFIP determinó que entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo había irregularidades, que especificó en un informe de manera concreta, y fue Marijuan quien los presentó frente a la justicia, que ahora lo investiga bajo la lupa del juez federal Lijo.
Radiografia judicial del Potenciar Trabajo
De esta manera, los datos sistematizados por la AFIP revelaron que, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios del Potenciar Trabajo:
- 44.235 que recibieron ingresos mayores a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil.
- 52.987 que son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.
- 10.477 que registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
- 835 que pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.
- 63.211 que registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil.
- 253.184 que presentaron declaración jurada de bienes personales.
- 8.019 que son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros
- 209 que poseen medicina prepaga o cobertura social
- 35.398 que percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.
- 39.874 que son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
- 2.870 que perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
