La Justicia federal decidió habilitar la feria judicial para tratar un reclamo que exige al Gobierno nacional garantizar la entrega de alimentos a los comedores populares. La resolución incrementó la presión sobre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y reactivó un expediente sensible en materia de política alimentaria.
El planteo fue impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes advirtieron sobre el impacto inmediato que genera cualquier demora judicial. En ese marco, las organizaciones señalaron que la paralización del trámite durante el receso podía afectar de forma directa a familias que dependen de los comedores para cubrir necesidades básicas.
En tanto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 adoptó la medida con el objetivo de evitar que la feria frene el cumplimiento de una cautelar ya vigente. En ese sentido, el juez Walter Lara Correa habilitó el receso “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir que el expediente continúe su curso.
Por su parte, las entidades demandantes recurrieron a la Justicia ante la suspensión de los plazos procesales, que impedía avanzar con intimaciones ya ordenadas. El reclamo apunta a relevar e incorporar a 30 comedores comunitarios a la política alimentaria estatal, un proceso que había quedado en pausa por el inicio de la feria.
Según explicaron las organizaciones, la demora judicial agravaba una situación social crítica, ya que cientos de familias recurren diariamente a estos comedores populares para acceder a alimentos y cualquier dilación podía profundizar la emergencia alimentaria en los barrios.
En la antesala de la resolución, el CELS pidió públicamente que la actividad judicial no se interrumpiera. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores”, sostuvieron desde la entidad, al tiempo que señalaron que cautelares previas ya habían permitido restituir alimentos a decenas de espacios.
Asimismo, el pedido contó con el aval del Ministerio Público Fiscal (MPF), que dictaminó a favor de habilitar la feria judicial. En su intervención, el fiscal remarcó que en la ejecución de la medida cautelar se encuentra comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, y advirtió también que la población afectada atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.
Finalmente, el conflicto judicial se inscribe en una disputa más amplia por la política alimentaria del gobierno de Javier Milei. Aunque la Corte Suprema de Justicia ya interviene en la causa, la Justicia mantiene la orden vigente que impide a la cartera de Capital Humano avanzar con decisiones que afecten el derecho a la alimentación.
La UNLP alerta por la crisis en los comedores populares, tras los recortes del Gobierno nacional
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió por el deterioro que atraviesan los comedores populares del Gran La Plata, tras los recortes aplicados por el Gobierno nacional. Un informe reciente alertó por el aumento sostenido de la demanda alimentaria y por las dificultades crecientes para sostener la prestación diaria en barrios populares.
El relevamiento, elaborado por el Consejo Social de la UNLP, indicó que creció de manera significativa la cantidad de personas que asisten a estos espacios, con un impacto mayor entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. En paralelo, más del 76% de los referentes señaló un empeoramiento en la calidad nutricional de los alimentos respecto de 2024, debido a la menor cantidad y variedad disponible, en especial de frutas y verduras.
El informe también remarcó una fuerte retracción del acompañamiento del Ejecutivo que lidera Javier Milei. Según los datos relevados, apenas un 5% de los comedores recibe alimentos o recursos del Estado nacional, mientras que la mayor parte de la asistencia proviene del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, o de aportes monetarios que resultan insuficientes para cubrir la demanda.
Por último, la presidenta del Consejo Social de la UNLP, Inés Iglesias, advirtió sobre los límites de las políticas provinciales y municipales frente al retiro de la asistencia nacional. La titular del organismo afirmó que ese escenario profundiza una vulneración estructural del derecho a la alimentación y traslada la emergencia a los territorios.
