La comisión de Legislación General del Senado bonaerense esta mañana le dio el despacho final a los dos proyectos de salud redactados por el gobernador Axel Kicillof, que buscan crear una empresa de medicamentos y unificar el sistema sanitario. Los textos quedaron en condiciones de ser tratados en una futura sesión de la Cámara alta, en donde el peronismo podrá aprobarlos sin depender de la oposición.
Tal como informó este medio, el plan del oficialismo era avanzar esta tarde con el último dictamen de las iniciativas impulsadas por Gobernación, con el objetivo de que sean votados en la sesión que ocurra después de la fechada para el martes de esta semana.
De hecho, Kicillof podría acomodar sus propuestas en el temario de la sesión que tendrá lugar en las próximas horas, pero debería reunir las voluntades de los dos tercios del recinto para aprobarlo, un número que hoy parece difícil de alcanzar debido al fuerte rechazo de la oposición para con los dos proyectos.
Por el contrario, de ser tratado en la siguiente sesión, que se estima ocurrirá en noviembre, los articulados podrán ser votados por mayoría simple, cifra para nada complicada para el bloque de Fuerza Patria, que con sus 24 senadores puede inclinar la balanza a su favor sin la necesidad de conseguir votos de alguna bancada opositora.
La llegada de las iniciativas de Kicillof al recinto no se explica sin el acuerdo con La Cámpora, que en septiembre había bloqueado el tratamiento de los textos por varios artículos en pugna. La semana pasada, en la comisión de Salud, los senadores del Movimiento Derecho al Futuro hicieron caso a las peticiones del kirchnerismo y modificaron parte de las propuestas, lo que generó un alto al fuego en la interna peronista.
En la comisión de Legislación General, que preside el kicillofista Germán Lago, los oficialistas Pedro Borgini, Fernando Coronel, Ayelén Durán, Diego Videla y Federico Fagioli votaron a favor de las dos leyes sanitarias de Kicillof. Durante sus intervenciones, los senadores peronistas alertaron sobre la alta demanda en hospitales públicos, las dificultades para abonar una obra social y el encarecimiento de los medicamentos, factores que vincularon a las políticas económicas de ajuste y recesión promovidas por el gobierno de Javier Milei.
“La caída del trabajo informal afectó directamente a las personas que no tienen obras sociales. Cuando un trabajador no tiene mutual, se maneja con la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Se multiplicaron por tres las atenciones del centro de salud. Celebro que podamos tener este mecanismo para integrar el sistema de salud y esta empresa de medicamentos. Esto es un beneficio para los vecinos de la provincia de Buenos Aires”, alegó Coronel.
En tanto, Borgini recordó que en agosto el ministro de Salud y principal impulsor de estos proyectos, Nicolás Kreplak, brindó una charla informativa en el Senado acerca de los dos textos que ideó junto a Kicillof, en la que atajó críticas de la oposición. Además, el legislador del MDF recordó que el Gobierno nacional dejó de enviar fondos de salud a la provincia de Buenos Aires, lo que complicó la cobertura sanitaria.
“En la pandemia se articuló muy bien la salud pública con la privada, en una situación que realmente fue muy difícil para la población en general, pero sobre todo para los trabajadores de salud. Se perdieron muchas vidas de enfermeros y enfermeras, costó mucho salir de esa situación. Si no hubiera estado el Estado presente, hubiésemos sido un país con gente que se moría en la calle y no tenían acceso ni a respiradores ni a camas. Es importante que se pueda articular y que también haya un laboratorio en donde la población pueda acceder a menores costos en los medicamentos”, destacó el senador referenciado en Kicillof.
Por el contrario, rechazaron las propuestas los senadores de La Libertad Avanza, Matías de Urraza y Gonzalo Cabezas, de Hechos, Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Unión y Libertad, Carlos Kikuchi, y del PRO, Guillermo Montenegro, que está viviendo sus últimas horas como legislador dado que volverá a conducir la Municipalidad de General Pueyrredón.
Desde la oposición, insistieron con que el gobierno de Kicillof no atiende los problemas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y cuestionaron que ambas iniciativas generan “nuevas estructuras” en la órbita provincial. Particularmente, los alfiles de La Libertad Avanza criticaron la postura del peronismo de fundamentar estas iniciativas con el ajuste de Milei en materia de salud.
“No corrigieron las situaciones del IOMA, que vienen de antes del 2023. La sola idea de que el Gobierno provincial va a generar nueva estructuras para salir a financiar tanto la producción de medicamentos como el nuevo esquema de salud, no me hace más que pensar que patea los problemas para adelante y que no tiene una responsabilidad ni económica ni fiscal. La crisis previsional y sanitaria de la provincia no viene desde la asunción del Presidente, sino que viene de muchísimo antes y nunca fue subsanada”, aseguró Cabezas.
Senado: los cambios que sufrió el proyecto para unificar el esquema de salud
En rigor, de la dupla de iniciativas sanitarias de Kicillof, el de mayor envergadura persigue la idea de crear un Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA), una reforma con la que el Ejecutivo busca reorganizar el sistema sanitario bajo un esquema de articulación entre los distintos efectores públicos y privados, garantizando el acceso a la atención en condiciones de igualdad.
Según marcaron desde la comisión de Salud, la modificaciones a este texto de Kicillof se orientaron a “precisar el alcance de las competencias del Estado provincial, establecer mayores garantías para los distintos actores del sistema y clarificar las condiciones de participación en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud”.
En un primer momento, desde La Cámpora habían puesto bajo la lupa el modo de articular el ingreso de los privados con el esquema público, e incluso algunos efectores de salud, como la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad (ACLIBA) y la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos (FECLIBA), pidieron un cara a cara con el ministro Kreplak por varios de los controles que impone la ley. “Por ejemplo, la norma indica que no podemos poner un consultorio de imágenes en frente de una clínica”, se quejaron.
Frente esa doble oposición, las patas legislativas de Kicillof quitaron algunos puntos que generaban discordias, como el artículo 6 inciso b, que permitía al Gobierno definir la ubicación de establecimientos sanitarios según las necesidades provinciales; y el artículo 8, que le daba facultades al Ejecutivo de determinar la necesidad sanitaria para incorporar establecimientos o tecnologías de salud, sobre la base de criterios geográficos, epidemiológicos y demográficos.
Otra de las críticas que más generó el SIPBA era que permitía que Provincia sobrepase las facultades de los municipios y las políticas sanitarias ordenadas por los intendentes. Por eso, los senadores eliminaron la exigencia de obtener una aprobación del SIPBA para construir hospitales y centros de salud y/o para incorporar servicios.
De la misma forma, los efectores miraban de reojo al SIPBA, principalmente porque la ley original contemplaba un artículo que establecía que las instituciones sanitarias tenían un “rol social”. Bajo esa excusa, la normativa le daba la potestad al Ejecutivo de, en casos excepcionales, exigirle al sector privado “realizar acciones sanitarias tendientes a paliar las circunstancias que motivan la demanda”, como lo puede ser el traslado de pacientes, ante la falta de camas en hospitales públicos. Ese postulado fue desechado esta tarde.
En la misma línea, se dejó en claro en el artículo 59 que la incorporación de los municipios a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud es voluntaria, dado que desde la oposición había deslizado que, así como estaba la redacción, se podría dar a entender que los intendentes estaban obligados a participar. A la par, se agregó en el artículo 65 que los establecimientos privados podrán sumarse a esta Red.
También se eliminaron ejes relacionados al Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires (COSAPRO), el ámbito de deliberación y consenso de la política sanitaria dentro del SIPBA, y del Consejo Regional de Salud (CORESA), un espacio de coordinación en cada región sanitaria bonaerense.
Por un lado, se incorporó un artículo para que el Ministro de Salud de turno pueda convocar a otros actores del sistema a participar del COSAPRO cuando se considere necesario, y se suprimieron las atribuciones del organismo de articular con “instituciones públicas y privadas” para complementar los servicios de salud, y de definir los objetivos, metas y propósitos de la Red Bonaerense de Salud.
Por el otro, se eliminó la facultad de convocar a representantes del sector privado, obras sociales y cualquier otro actor a la integración del CORESA, que se conforma con autoridades sanitarias provinciales, directores de hospitales y secretarios de salud municipales.
Senado: los cambios que sufrió el proyecto para crear una empresa de medicamentos
El segundo proyecto busca crear una empresa de medicamentos de gestión estatal, un viejo deseo que nunca fue tratado en 2024 y que volvió a ser ingresado a la Legislatura este año. Promovido por el ministro Kreplak, el texto establece la fundación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar los productos relacionados a medicamentos.
Entre las principales razones que encontraron los senadores para modificar la redacción del proyecto de Kicillof, se encuentra la posibilidad de esta entidad de tomar deuda. En concreto, los senadores optaron por mantener el artículo para que la empresa de medicamentos pueda contraer préstamos y emitir títulos de deuda, pero se dejó en claro que “las operaciones deben estar vinculadas a su objeto social, contemplado dentro de su presupuesto y sujetos a los límites previstos en la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control de Administración General del Estado”.
Como suele pasar en las entidades que tienen la facultad de buscar financiamiento por terceros, la oposición pidió crear una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, para que puedan solicitar informes, formular recomendaciones sobre el funcionamiento de la firma estatal, e intervenir en operaciones de endeudamiento extraordinario, como aquellos que excedan los límites de exposición cambiaria, superen los topes presupuestarios y comprometan activos esenciales.
Por último, tanto el peronismo como sectores de la oposición se habían mostrados reacios acerca de la idea de que el Centro de Industria Farmacéutica funcione como una SAPEM, es decir como una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Por ello, se incorporó un artículo para establecer expresamente que el Gobierno será titular del 99% del capital social de la empresa mediante acciones clase A, mientras que el 1% será de acciones clase B que podrán ser administradas por actores públicos o privados.
