Esta tarde la Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento del exintendente de Maipú, Matías Rappallini, y la actual interina, Lorena Otermín, ambos de la Unión Cívica Radical (UCR), debido a una serie de delitos acontecidos en las elecciones municipales del 2019, donde se impusieron por poco menos de 50 votos.
En abril de este año, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, procesó a un grupo de personas, entre ellos a Rappallini y Otermín, por haber retenido los documentos de al menos 27 personas y realizar otras maniobras con el único objetivo de evitar que voten en las elecciones de 2019.
Vale recordar que en las elecciones de 2019, el actual intendente de Cambiemos, Rappallini, logró su reelección en la localidad bonaerense de Maipú por apenas 50 votos (un total de 4.212) sobre el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes que juntó 4.163 y que, después de algunas sospechas, solicitó sin éxito la impugnación de las elecciones.
Pese a la causa en su contra, en 2023 Rappallini logró su reelección, pero en 2024 pidió licencia por tiempo indefinido para dedicarse a la empresa familiar de cosméticos, por lo que Otermín ocupó su lugar. Sin embargo, el procesamiento vuelve a poner en jaque a la imagen de los dirigentes de Maipú que formaban parte del hoy extinto Juntos por el Cambio.
En 2022, Padilla también había procesado a Rappallini y a Otermín por “retener indebidamente documentos de ciudadanos e inducir a los electores, con engaños o amenazas, a abstenerse de sufragar” en los comicios generales de octubre de 2019.
Fraude electoral en Maipú: el modus operandis de Rappallini
La causa del fraude electoral en Maipú cuenta con 27 denunciantes que describieron maniobras similares. Las denuncias se formalizaron apenas cerraron los comicios de 2019 o incluso antes y se realizaron en diferentes dependencias judiciales y policiales.
Lo que impulsó a las distintas víctimas a formalizar la denuncia por el fraude electoral en Maipú fue el hecho de que los imputados no les devolvieran sus documentos de identidad, lo que, en la gran mayoría de los casos, aparecía mencionado como una ruptura de ese ‘pacto’ previo, aunque irregular e ilegal, según explicó el juez.
“Se constató que la mayoría de los denunciantes no pudo emitir su voto, y se obtuvieron capturas de pantalla de comunicaciones de texto y por voz que daban cuenta de las maniobras denunciadas”, precisó Ramos Padilla, quien dio “por acreditada la materialidad de los hechos objeto de pesquisa”.
Según explica el juez federal con competencia electoral de La Plata, “todas las víctimas dieron cuenta de una modalidad similar: semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía ‘comprarles’ su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno, gestión de trámites, etc., y ellas, enmarcadas en un estado de necesidad, accedían”.
En otro tramo de la resolución, a través de la investigación judicial que investiga el fraude electoral en Maipú, se verificó otra modalidad que involucraba a las personas que trabajaban en la cooperativa municipal. “Distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares refirieron haber sido amenazados con que, en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo”, agregó el magistrado.
Con excepción de los trabajadores de la cooperativa municipal, “la mayoría de los denunciantes refirió haber entregado sus documentos por voluntad propia a cambio del dinero y de los beneficios que les eran ofrecidos; incluso, algunos de ellos refirieron haber consentido que los ‘acompañaran’ a votar”.
Por otro lado, otro de los denunciantes del fraude electoral en Maipú dieron cuenta de un mecanismo que consistía en filmarse en el cuarto oscuro colocando la boleta de votación del candidato oficialista local, es decir la de Rappallini.
