En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo prohibió al ex jefe de Gabinete libertario, Manuel Adorni, salir del país sin una autorización previa y descartó el pedido de detención, de dos de los denunciantes.
Según fuentes judiciales, Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio de Adorni, emitió un dictamen en el que, si bien descartó peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, pidió que el exvocero notifique previamente cualquier salida del país, para que la Justicia “evalúe la pertinencia y razonabilidad” de cada viaje.
Es que, tras su renuncia a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, surgieron versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay.
En ese marco, el juez Lijo ordenó lo solicitado por el fiscal y tomó así la primera medida restrictiva para el platense desde que se abrió la causa. No obstante, esto solamente lo alcanza a él y no a su esposa, Bettina Angeletti, también bajo investigación judicial.
En lo que respecta a la detención, para desestimar el pedido, el fiscal tuvo en cuenta que Adorni no tiene antecedentes penales, posee bienes en el país y un lugar de residencia habitual donde está su núcleo familiar, lo que disipa el peligro de fuga alegado por los denunciantes.
Es preciso destacar que, en las próximas semanas, el exjefe de ministros deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py. Frente a este escenario, el fiscal prepara un requerimiento de justificación patrimonial que revelará, precisamente, si hay inconsistencia en lo declarado por el platense, y de qué magnitud.
Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en menos de tres semanas. Ese requerimiento de justificación funcionará como una primera oportunidad que tendrá el investigado para explicar que su fortuna tiene un origen legal.
Pero, si la respuesta al requerimiento patrimonial de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) no logra desarmar las sospechas del fiscal, entonces la próxima instancia para el ex vocero presidencial será un llamado a declaración indagatoria.
