En las últimas horas, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, reconoció la profundidad del problema salarial de la Policía bonaerense al afirmar que “los sueldos en la Argentina son una miseria hoy”. Asimismo, el funcionario de Axel Kicillof detalló que un oficial que recién inicia su carrera percibe alrededor de 1.050.000 pesos entre salario básico y adicionales, aunque admitió que “igual no alcanza”.
En ese marco, Alonso explicó que unos 30.000 efectivos realizan tareas de policía adicional para complementar ingresos, y que algunos recurren a trabajos en aplicaciones digitales, una práctica que el Ministerio regula para evitar faltas disciplinarias y preservar la imagen institucional.
No obstante, el funcionario de Kicillof vinculó el deterioro salarial con el contexto económico general y apuntó contra el Gobierno nacional por la caída de recursos, al sostener que en los últimos dos años la provincia de Buenos Aires perdió alrededor de 12 mil millones de dólares como consecuencia de la reducción de la coparticipación federal.
Aunque en territorio bonaerense no se registró un estallido similar al de Santa Fe, el malestar dentro de la fuerza permanece latente y se expresa en reclamos por aumentos salariales, actualización de horas extras, mejoras en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y una mayor atención a la salud mental, en un escenario atravesado por licencias psiquiátricas y una problemática persistente de suicidios en la fuerza.
Frente a ese cuadro, desde el Gobierno de Kicillof insistieron en que cualquier reclamo debe canalizarse por vías institucionales, y reiteraron que la línea roja es toda acción que deje sin servicio a la ciudadanía o condicione la seguridad pública, un mensaje que busca anticiparse a conflictos y marcar, desde ahora, los límites del debate.
En este contexto, el Gobierno de Kicillof envió una señal política preventiva ante eventuales reclamos de la Policía bonaerense, y advirtió que “no tolerará acciones que vulneren la ley ni pongan en riesgo la seguridad pública”, en un contexto marcado por el reciente conflicto salarial de la fuerza policial de Santa Fe que encendió alertas en la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, desde el área liderada por Javier Alonso recordaron el antecedente de septiembre de 2020, cuando más de 1.200 efectivos de la Policía bonaerense fueron desafectados o expulsados luego de una protesta considerada un acto de insubordinación, episodio que el oficialismo provincial mantiene como ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar para preservar el orden institucional.
“Nadie está obligado a ser policía, pero quien lo es debe cumplir la ley. No se juega con la seguridad pública”, señalaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, al trazar una línea divisoria entre el derecho a expresar reclamos y cualquier acción que pueda afectar la prestación del servicio policial.
Por caso, en la provincia de Buenos Aires los números salariales muestran una brecha significativa. Según datos oficiales del sistema previsional policial, el piso del esquema salarial ronda los 950.000 pesos de bolsillo para los grados iniciales, aunque en actividad los ingresos pueden incrementarse mediante horas adicionales y suplementos.
Santa Fé despertó las declaraciones del Gobierno de Kicillof
La referencia inmediata fue el acuerdo alcanzado en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro logró desactivar una protesta policial tras anunciar un nuevo esquema salarial, situación que llevó al Ministerio de Seguridad bonaerense a remarcar que los reclamos pueden ser legítimos, aunque existen fronteras claras que no se pueden cruzar.
Es que, tras las protestas en Santa Fe, Pullaro comunicó que desde febrero ningún integrante de la Policía ni del Servicio Penitenciario cobrará menos de 1.350.000 pesos, además de establecer adicionales que incrementan los ingresos de los agentes que trabajan en zonas de mayor conflictividad, con salarios que pueden superar los 1.900.000 pesos y llegar a más de 2.100.000 para quienes conducen móviles policiales.
Al mismo tiempo, el esquema incluyó la duplicación de la tarjeta alimentaria, que pasó de 84.000 a 168.000 pesos, suplementos diferenciados según riesgo y destino, y medidas vinculadas al bienestar laboral, como refuerzos en el gabinete psicológico y mejoras logísticas para efectivos que prestan servicio lejos de sus hogares.
En tanto, el gobernador santafesino calificó el reclamo de las fuerzas de seguridad como “justo y genuino” y aseguró que, con las medidas adoptadas, no existían motivos para continuar con la movilización. La protesta había alcanzado su punto más crítico tras el suicidio de un suboficial en Rosario y se desactivó luego de varios días de tensión, lo que contrastó con la postura preventiva asumida por el Ejecutivo bonaerense frente a cualquier intento de réplica.
Bárbaro. No es más, que echarle leña al fuego. De esa manera es una demostración de fuerza.. siempre haciendo las cosas al reves. Eso no es abrir el paraguas es tratar de salir ileso si algún trabajador que no está representado por un gremio, recurre a esa medida para que su reclamo progrese. Una manera de anticipar un conflicto, ya que sabe de antemano cual es el reclamo, es ofrecer una propuesta decente y coherente. Creo que hablaría mucho de su capacidad para dirigir, y de su maduración personal y política. Gracias por este espacio…
Lo que publican es la escala salarial de comando. Cortaron la imagen de los del escalafón administrativo, técnico y profesional lo cual es sueldo más bajo de un ingresante es de $768.833,61.
Nadie está obligado a ser policía pero tampoco ningún político está por se gano el puesto sino fue elegido para que nos representen en estas situaciones pero no se llenan los bolsillos total es fácil decir nadie está obligado a ser policía cuando ellos por dar ordenes ganan 15 millones así cualquiera puede hablar pero como nos ven un número más ni se calientan en darnos lo que realmente nos merecemos
nadie esta obligado a ser policía, en eso tienen razón, me pregunto que pasaría si 10 mil agentes , o sea un tercio de la fuerza entregan las armas y chalecos y se van a sus casas? La provincia seria un coas superior al que es ahora, la solución creo que pasaría por sacar dinero de otras partidas presupuestarias que no son esenciales y destinarlas a salud,seguridad,educación, cosa que no va a suceder, porque la política del gobierno esta alineada con reforzar los derechos humanos y cuestión de genero…
Pero acaso el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tomó una nueva deuda para la provincia de Buenos Aires ? . Todos esos millones que tomó la provincia de Buenos Aires que son para gastarlos en campaña o en penes de madera? . Vamos señor gobernador la gente no es tonta y los policías mucho menos. Sería bueno que le explote la provincia como ocurrió en Santa fe para que entiendan que la gente ya se cansó de que le tomen el pelo y que los políticos chupa sangre vivan a costilla del hambre y el sufrimiento de la gente que dicen defender.
Suban el riesgo profesional