El gobierno de Axel Kicillof este lunes decidió vía decreto dar por terminado el convenio que permitía la participación de Nación en el cálculo y la distribución de los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que ahora el esquema de compensaciones para las líneas provinciales y municipales quedó bajo exclusivo control bonaerense.
La administración provincial aprobó en las últimas horas el acta de cierre que ambas jurisdicciones firmaron el 7 de marzo pasado, luego de considerar cumplidas todas las obligaciones previstas en el entendimiento. El documento también puso fin a la cooperación nacional en las tareas vinculadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE, las comisiones del sistema y las compensaciones por gasoil a precio diferencial.
Cabe recordar que el convenio finalizado había comenzado a regir en diciembre de 2018, luego del Consenso Fiscal que estableció que la provincia de Buenos Aires asumiría desde enero de 2019 la definición de los subsidios al transporte dentro de su territorio. Durante su vigencia, el entonces Ministerio de Transporte nacional calculaba y liquidaba las compensaciones, mientras que el Estado provincial transfería los recursos correspondientes a las empresas prestatarias.
El esquema atravesó diez prórrogas entre 2019 y 2025, hasta que la última adenda fijó su vencimiento final para el 31 de diciembre pasado. El Ejecutivo bonaerense modificó a partir de ese momento el mecanismo de asistencia con la creación de un régimen propio para las empresas de transporte automotor de jurisdicción provincial y municipal que operan dentro del AMBA.
En ese marco, Kicillof había creado a través del Decreto 3231/25 el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, que reemplazó la asistencia técnica que hasta entonces prestaba el Gobierno nacional y volvió “innecesaria” la continuidad del acuerdo firmado siete años atrás.
De acuerdo con esta normativa, las empresas deberán presentar rendiciones de cuentas cuatrimestrales para detallar el destino de los subsidios percibidos, con el objetivo de garantizar el “uso correcto de los fondos públicos” destinados al sostenimiento del transporte automotor.
Entre la información requerida, las prestatarias deberán identificar a la empresa y cada línea habilitada, precisar las compensaciones tarifarias recibidas y discriminar los gastos por servicio y rubro. La rendición también deberá incluir un informe firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que analice la aplicación de los recursos a la prestación del servicio.
Por último, la resolución vigente también fijó un esquema de penalidades progresivas para aquellas compañías que incumplan con la presentación de la documentación en tiempo y forma. La primera falta implicará una retención del 10% de las compensaciones, que subirá al 50% después de 30 días y alcanzará el 100% de los fondos si el incumplimiento se extiende durante 60 días.
