Tras la prórroga de la Ley Fiscal Impositiva y a la espera de la puesta en marcha de una mesa de trabajo para avanzar en el Presupuesto 2025 del gobernador Axel Kicillof, sectores de la oposición salieron a advertir sobre el posible aumento de impuestos por parte de ARBA, que estarían por fuera de las facultades del Poder Ejecutivo bonaerense.
En las últimas horas, comenzó a circular una versión de que el gobierno de Kicillof, a través de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), podría emitir facturas de impuestos provinciales con aumentos. Desde sectores opositores, aclararon que, de confirmarse esta medida, recurrirían a la Justicia, calificando la acción como un abuso de autoridad. “Un incremento de cualquier tipo sería una transgresión que no vamos a permitir”, señalaron.
La principal preocupación de la oposición radica en la posibilidad de que ARBA emita boletas con impuestos superiores a los de la última emisión. En este sentido, desde el sector ratificaron que iniciarán acciones legales contra Kicillof para evitar aumentos no autorizados. “Es indispensable que los valores se mantengan iguales que el año pasado”, enfatizaron.
Es preciso mencionar que, la prórroga del presupuesto está contemplada en la Constitución Provincial, que permite su implementación cuando no se aprueba un nuevo presupuesto. Sin embargo, la oposición sostiene que el gobierno de Kicillof podría realizar maniobras que generen dudas legales, como el aumento de impuestos patrimoniales, inmobiliarios o patentes, lo cual consideran inconstitucional.
Otro punto de conflicto es el uso de autorizaciones de endeudamiento de años anteriores, una práctica que, según la oposición, tampoco estaría permitida. De acuerdo con la normativa vigente, Kicillof solo está habilitado a tomar deuda con organismos internacionales bajo la aprobación de la Legislatura bonaerense.
Vale recordar que, este enfrentamiento se suma a un clima político marcado por profundas diferencias en temas clave como el presupuesto, la política fiscal impositiva y el pedido endeudamiento. Además, el manejo del fondo destinado a los intendentes para la realización de obra pública.
Por el momento, la oposición no habría iniciado acciones judiciales, ya que todas las medidas adoptadas hasta ahora se encuentran dentro del marco legal. Sin embargo, cualquier decisión que despierte sospechas sobre su legalidad podría ser interpuesta ante la Justicia para obtener un pronunciamiento definitivo.
La oposición le marcó la cancha a Kicillof con la Ley Fiscal Impositiva
Vale recordar que, la semana pasada, el presidente del bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, salió a advertirle al gobernador Axel Kicillof sobre la legalidad del decreto 3681/24 publicado el 3 de enero que prorrogó la Ley Fiscal Impositiva.
“El art 2 del Decreto 3681/2024 es de dudosa legalidad. A nuestro criterio no puede el Poder Ejecutivo prorrogar la ley fiscal porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (arts 45 y 103 inc 1 CPBA). Legalidad y anualidad son dos principios que rigen las normas tributarias”, advirtió el diputado Garciarena.
Desde la bancada opositora alegaron que el gobierno de Kicillof estaría violando el artículo 45 de la Constitución provincial y el artículo 103, que establece la potestad del Poder Legislativo de establecer “los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la provincia”.
Asimismo, Garciarena remarcó que “no puede el Ejecutivo emitir normas en materia tributaria en ningún caso”.” ‘No hay impuestos sin ley`, es una máxima que viene desde la revolución francesa”, añadió en relación a la normativa necesaria para que la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) pueda cobrar los impuestos de manera legal.
En rigor, el decreto también autoriza al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones pertinentes al presupuesto prorrogado con el fin de dar cumplimiento al artículo 26 del Anexo Único del Decreto N° 3260/08 y sus modificatorios. La norma, también instruye al Ministerio de Economía y a la ARBA a emitir las normas y adoptar las acciones necesarias para la implementación de las disposiciones pertinentes.
