El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, este miércoles rechazaron las versiones que vincularon al Ejecutivo provincial con Albertina Mangini, la funcionaria detenida en una causa por una presunta estafa, y aclararon que la mujer es empleada del Poder Judicial y que no tiene ni tuvo relación laboral con la cartera que conduce el letrado desde 2023.
En ese sentido, el Gobernador cuestionó particularmente una publicación de Clarín y del periodista Daniel Santoro, a quienes acusó de haber presentado a Mangini como una “funcionaria de Kicillof” sin consultar previamente a fuentes del Poder Ejecutivo provincial. “La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, enfatizó el mandatario.
En esa línea, Kicillof afirmó que, pese a una primera desmentida por parte de distintas autoridades bonaerenses, el medio mantuvo el enfoque en su edición impresa. “Eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira”, cuestionó el economista, que le reclamó al medio que retire la publicación y se desmienta la información. “Se nota mucho, Clarín”, concluyó.
Por su parte, Mena hizo hincapié en que Mangini “no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”, sino que se desempeña como funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia. De esta manera, el ministro buscó diferenciar el lugar donde la mujer desarrollaba sus tareas de su dependencia laboral.
La aclaración se da en el marco de una investigación judicial que tramita en La Plata, en la que Mangini fue detenida y es investigada junto con otras personas por una presunta maniobra vinculada con el uso de datos personales y biométricos y el movimiento de dinero a través de billeteras virtuales.
En tanto, Mena también cuestionó el tratamiento periodístico del caso y sostuvo que la información difundida por algunos medios nacionales se produjo sin consultas previas al Gobierno bonaerense. “El primer medio platense que cometió el error corrigió inmediatamente la noticia”, afirmó el ministro de Justicia.
“La salida a coro en medios nacionales sin un solo chequeo ni consulta, se parece más a una operación berreta que a periodismo”, sostuvo el funcionario de Kicillof, y concluyó: “Sus operaciones los dejan siempre despreciando a la verdad y usando a las víctimas”.
Cabe mencionar que, la confusión respecto a la institución a la cual pertenecía Mangini se dio en un primer momento porque, si bien era empleada del Poder Judicial, su espacio físico de trabajo era en una dependencia del Patronato de Liberados. En ese sentido, a pesar de la aclaración del primer medio loca que mezcló la información, la replica se extendió hasta diarios de alcance nacional, lo que motivó la respuesta tanto de Kicillof como de Mena.
La causa que investiga a Mangini y una presunta red financiera
La investigación que derivó en la detención de Mangini se inició a partir de una presunta utilización irregular de datos personales y biométricos de personas que habían tenido contacto con el sistema penal. Según la hipótesis de la Fiscalía, esas personas habrían sido captadas a cambio de unos $80.000 para entregar sus documentos, fotografías y datos biométricos, que luego habrían sido utilizados para abrir cuentas en billeteras virtuales controladas por terceros.
De acuerdo con la investigación, esas cuentas habrían servido para recibir, transferir y fragmentar dinero de presunto origen ilícito mediante una modalidad conocida como smurfing, que consiste en dividir grandes sumas en operaciones más pequeñas para dificultar su detección. La Fiscalía calcula que el circuito habría movilizado alrededor de $27.000 millones durante aproximadamente un año, aunque el origen de esos fondos todavía debe ser determinado judicialmente.
En tanto, Mangini quedó detenida por orden del juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, a pedido de la fiscal Betina Lacki, e imputada junto con Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni. Hasta el momento, también fueron detenidos Perrotta y Marchioni, mientras que la Cámara Penal de La Plata rechazó un hábeas corpus presentado por Mangini, por lo que continúa privada de su libertad.
Uno de los puntos que analiza la Fiscalía es el acceso que Mangini habría tenido a información de personas bajo supervisión judicial, debido a que trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General ubicada dentro del ámbito del Patronato de Liberados. Según la explicación oficial, esa presencia se vinculaba con un convenio firmado durante la gestión de María Eugenia Vidal, por el cual determinadas personas debían presentarse a firmar en esa sede.
La causa también tiene un vínculo con la investigación federal conocida como Sur Finanzas a través de Marchioni, quien ya figura como imputado en ese expediente y tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. En la investigación platense, además, se detectaron operaciones de Marchioni por unos $27.149 millones a través de HAZ PAGOS, una cifra que guarda similitud con el volumen de dinero que analiza la Fiscalía en la causa.
De todos modos, la Justicia todavía debe establecer cómo se relacionaban los distintos imputados, quién obtenía y utilizaba los datos de las personas captadas, quién controlaba las billeteras virtuales y cuál era el origen del dinero investigado. La causa continúa en etapa de investigación y la responsabilidad penal de Mangini y del resto de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia.
