El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió este jueves un proyecto de ley a la Cámara de Diputados bonaerenses que establece una pensión graciable, mensual y vitalicia con carácter reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género.
En ese sentido, el proyecto plantea que los beneficiarios de la pensión serán “las personas mayores de 40 años que hayan sido detenidas, privadas de su libertad y/o sancionadas con multa por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad de la provincia o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público”.
Según establece el texto del Poder Ejecutivo, el monto de la pensión será de tres salarios básicos de la categoría ingresantes del agrupamiento administrativo clase 4 de la Ley 10.430, que es la que rige a los empleados públicos bonaerenses.
Asimismo, el proyecto para las víctimas de violencia institucional precisa que ese valor será incrementado en un 30% “cuando se hubiese sido víctima de lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el artículo 91 del Código Penal de la Nación”.
En los fundamentos, el Ejecutivo bonaerense destaca que “durante muchos años se persiguió y criminalizó sistemáticamente a personas trans en el territorio provincial“. “La vida de un número indeterminado de personas se vio afectada profundamente, en algunos casos en forma irreversible”, agregaron en el texto.
En tanto, el monto de la pensión se elevará “hasta un 50% cuando se acredite una incapacidad psicofísica, producto del hecho de violencia institucional por motivos de identidad de género, que determine una disminución de su capacidad laboral”.
No obstante, la iniciativa para crear una pensión para víctimas de violencia institucional remarcó que la compensación “en ningún caso generará derecho de pensión” hacia una tercera persona.
Cabe destacar que, en 2008 se sanción la Ley N° 13.887, que eliminó la pena para quien “en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario” y que en 2018 se derogó la criminalización de la persona que ejerce la prostitución en territorio provincial.
Por último, el proyecto precisó que la pensión es compatible con cualquier actividad remunerada, otra reparación e indemnización o beneficios de jubilación o pensión contributiva, pero no lo es con un beneficio nacional o que se emita en otra provincia o en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el mismo motivo.
