miércoles, noviembre 30, 2022

La Justicia dio lugar al primer amparo contra las retenciones a horas de la marcha del campo

La acción trata de un amparo dirigido contra el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que el cobro de retenciones a la exportación dispuesto es ilegítimo.

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En el marco de las protestas de las entidades rurales por “una menor presión fiscal y una mayor transparencia institucional”, el juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, admitió el tratamiento de la acción colectiva interpuesta por la Sociedad Rural de Jesús María con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del cobro de retenciones a la exportación.

En ese sentido, la acción trata de un amparo dirigido contra el Poder Ejecutivo Nacional y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por considerar que el cobro de retenciones a la exportación dispuesto a los productores agropecuarios es ilegítimo.

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Al no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019, la Sociedad Rural de Jesús María planteó que, desde el 1° de enero, las retenciones ya no son aplicables por porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación, entre otros puntos.

El juez federal Ricardo Bustos Fierro  declaró la admisibilidad formal de la acción colectiva
El juez federal Ricardo Bustos Fierro declaró la admisibilidad formal de la acción colectiva de la Sociedad Rural de Villa María, Córdoba.

En esa línea, el magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba desde 1993 declaró la admisibilidad formal de la acción colectiva y por ello ordenó la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.

En sus fundamentos, Bustos Fierro indicó que se encuentran afectados derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, dado que hay un único hecho, “que afecta en conjunto a los productores rurales”.

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Además, el juez afirmó que la acción “intenta obtener la declaración de inconstitucionalidad de los decretos” y no “obtener que se le abone a cada productor la diferencia positiva del valor que resulta de las resoluciones que se cuestionan”.

De esta manera, con la tramitación del amparo se puede dar avance a una medida cautelar que dé por caídos los aranceles provenientes de las retenciones. El paso siguiente, probablemente, sería la llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En tanto, productores y entidades rurales del interior del país, sin la adhesión de la Mesa de Enlace, realizarán el sábado una marcha considerada por el Gobierno nacional como “política”, en la que planean llegar a la Plaza de Mayo en tractores y camionetas.

Según indicaron los organizadores de la protesta, el objetivo de dar visibilidad a las demandas, las cuales incluyen una menor presión fiscal, la eliminación de las retenciones, y el correcto funcionamiento de las instituciones.

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