A 30 meses de la aprobación del aborto legal, un grupo de investigadoras lanzó un informe sobre la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo durante el 2022, en el marco de un monitoreo que llevó adelante el Proyecto Mirar, conformado por organizaciones civiles.
El informe sobre la implementación de la ley lanzó que la tasa más alta de aborto está en las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Jujuy y de Salta, con una estadística de 13 cada 1000 mujeres en edad fértil, mientras que las más bajas en Corrientes, Chaco y Misiones.
Por su parte, la médica y directora ejecutiva del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes) que impulsó la observación, Mariana Romero, explicó que, en primer lugar, la medición está realizada sobre las mujeres que, frente a un embarazo no intencional “buscan interrumpirlo”.
Cabe mencionar que, el informe de Cedes, que lleva el título de “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal”, además de la tasa, se encarga de brindar un detalle sobre las políticas públicas que se llevaron adelante en este tiempo para garantizar el acceso.
Así, el documento sobre la implementación del aborto legal, destaca que en 2022, se duplicaron los efectores públicos que dan acceso a los servicios, se aumentó un tercio de las prestaciones al sector público y en otros sectores, como las provincias de San Juan, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Salta, se llegó a duplicar o triplicar.
En ese marco, según la investigación, durante 2022 se fortaleció la producción de la medicación utilizada para los abortos legales, misoprostol, en laboratorios públicos, así como también se autorizó la venta de la mifepristona para el mismo fin, ambas drogas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar un procedimiento eficaz.
“Contar con información, analizarla y compartir las conclusiones es fundamental para la incidencia ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, para que el aborto siga estando en la agenda política”, detalló la médica Romero, que también habló sobre las capacitaciones a profesionales.
Por otro lado, en el texto se destacaron las capacitaciones al personal de la salud, que lleva adelante la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, con las que más de 500 equipos realizaron un curso virtual y otras 300 personas participaron en las preparaciones presenciales en doce provincias.
Por último, el Proyecto Mirar destacó que no todas las provincias realizan informes de gestión sobre la implementación del aborto legal y sus resultados, por lo que también explayó sobre la preocupación que hay en el área por las cartillas religiosas en el servicio de salud.
“Plantea interrogantes sobre la imparcialidad y neutralidad que deberían prevalecer en el acceso” al aborto legal, apuntó Romero, sobre los sectores que pretenden derogar la ley, y agregó que: “generan incertidumbre respecto al futuro de los avances logrados en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en el país”.
