Los legisaldores bonaerenses del Frente de Todos salieron a exigir la “urgente investigación judicial” del encuentro que mantuvieron jueces, operadores políticos, exespías y empresarios del Grupo Clarín en la exclusiva estancia-mansión que el magnate inglés Joe Lewis tiene en la localidad de San Carlos Bariloche, en Río Negro, frente a las costas del Lago Escondido.
“Es preocupante para nuestra democracia ver a jueces federales y funcionarios públicos involucrados en el recibimiento de dádivas y viajes de lujo a cambio de la ilegal obediencia para el armado de causas judiciales, encubrimiento de delitos, entre un sinfín de prácticas mafiosas ejecutadas por integrantes del poder judicial”, alertaron los diputados y senadores bonaerenses del Frente de Todos.
Como trascendió a partir de los chats que se filtraron mediante un hackeo ilegal, en cónclave estuvieron presentes los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke; el exmiembro de la secretaría de Inteligencia Leonardo Bergot, el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, y el CEO de esa empresa, Jorge Rendo.
“Este escándalo institucional es un grave atentado contra la democracia, las instituciones y la división republicana de poderes. Son los mismos jueces y fiscales que participan activamente en la persecución contra Cristina Kirchner quienes aparecen cometiendo estos graves delitos. Los mismos jueces y fiscales vinculados a la jueza que no investiga el origen político del atentado en contra de la Vicepresidenta”, pusieron en contexto los legisladores bonaerenses del Frente de Todos.
Este domingo se filtró el chat de Telegran que compartieron los jueces, operadores políticos, exespías y empresarios del Grupo Clarín para difundir una versión falsa que justifique su participación en el chárter privado que los llevó hasta el predio de 12 mil hectáreas de Lewis. Las estrategias que conversaron incluían presionar a medios para garantizar silencio y dar a conocer una versión unificada para justificar el delito.
“Por estos motivos, exigimos la investigación de estos hechos mafiosos y la regularización del Consejo de la Magistratura, paralizado por el accionar de la Corte Suprema. No podemos permitir que estas mafias de poder económico, mediático y judicial estén por encima de nuestro pueblo, nuestra democracia y sus instituciones”, enfatizaron los diputados y senadores bonaerenses del Frente de Todos.
Los chats que se conocieron pertenecen a un grupo de Télegram creado el 17 de octubre pasado, presuntamente por el sobrino de Héctor Magnetto, con el objeto de contrarrestar una noticia del diario Página 12 que había revelado el viaje de jueces, operadores políticos, exespías y empresarios del Grupo Clarín.
Los participantes del grupo de Telegram se habrían dedicado a planear estrategias para falsificar pruebas sobre el viaje, como la creación de facturas truchas, entre otras, para impedir la investigación sobre la reunión del lawfare en Lago Escondido y también que siga escalando el tema en otros medios masivos de comunicación.
Mientras discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: “Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”, a lo que Yadarola, magistrado, le constesta: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.
Los jueces, operadores políticos, exespías y empresarios del Grupo Clarín, asimismo, intentaban ponerse de acuerdo en posibles represalias ilegales contra funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a quienes consideraron “sospechosos” de haber entregado la primera información del vuelo privado.
“Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar“, dice uno de ellos sobre el director de la Policía aeroportuaria, José Glinski. En otro fragmento de los chats, hablan de un supuesto acuerdo con una fiscal de Bariloche a quien le habrían dado instrucciones sobre cómo cerrar la causa.
