El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Ejecutivo promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que el Congreso de la Nación rechazara el veto del presidente Javier Milei. Tras el revés legislativo del pasado 4 de septiembre, el funcionario aseguró que el Gobierno finalmente pondrá en marcha la normativa, pero aclaró que demorará su reglamentación hasta definir las fuentes de financiamiento.
El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, pero demorará la regamentación
hasta definir el financiamiento
Si bien la administración libertaria había dejado trascender que recurriría a la Justicia para frenar la aplicación, Francos cambió el rumbo y aseguró su activación, aunque condicionó la implementación a la definición de recursos. “Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, señaló.
Vale recordar que la Emergencia en Discapacidad nació de un reclamo opositor y contó con amplio respaldo parlamentario, incluso de sectores cercanos al oficialismo. Tras el rechazo al veto presidencial en ambas cámaras, la ley —que prorroga la emergencia hasta diciembre de 2026, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles— vuelve al Ejecutivo para su promulgación.
En ese marco, Guillermo Francos marcó reparos sobre el alcance del beneficio y reclamó auditar las altas vigentes antes de ampliar la cobertura. “Esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó el jefe de Gabinete.
Asimismo, el ministro coordinador también apuntó contra el Congreso porque, según declaró, el texto legislativo no establece la fuente de financiamiento, tal como dispone la Constitución nacional. “No me pueden endilgar a mí que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira”, cuestionó Francos.
Por otro lado, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la norma podría sumar entre 493 mil y 946 mil beneficiarios y demandar entre $1,8 y $3,6 billones de pesos, equivalentes al 0,22% y 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, el informe también proyectó $278.323 millones para compensación a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción que deberán ser ejecutados por el área que lidera Francos.
En tanto, la sanción de la Emergencia en Discapacidad llegó tras una masiva movilización social que denunció el congelamiento de recursos y la caída de beneficiarios, producto de un relevamiento oficial que puso en duda la necesidad del programa. La auditoría estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue separado del cargo luego de la filtración de audios que lo vincularon con un presunto circuito de coimas.
Finalmente, tras el fracaso de la estrategia judicial, Guillermo Francos confirmó que el Gobierno promulgará la ley, aunque advirtió que su aplicación quedará en suspenso hasta definir con el Congreso el origen de los fondos.
En qué consiste la Ley de Emergencia en Discapacidad
Además de prorrogar hasta diciembre de 2026 la Emergencia en Discapacidad, la Ley en cuestión también establece la regularización de pagos, como así también la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, al que declara de interés público nacional.
Por otra parte, la normativa de alcance nacional reforma el sistema de pensiones no contributivas con el fin de garantizar un financiamiento adecuado y regular las condiciones tanto de acceso como de permanencia en el beneficio por discapacidad.
Asimismo, la ley busca un fortalecimiento institucional para mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar nuevas auditorías periódicas para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
Un dato no menor es que la Ley de Emergencia en Discapacidad tuvo un amplio respaldo de radicales y fuerzas provinciales, que en su momento acompañaron al Gobierno en la Ley Bases, lo que refleja la crisis política que atraviesa el oficialismo libertario a pocas semanas de los comicios legislativos nacionales.
