La Justicia le concedió este viernes el recurso de apelación que había presentado el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, contra la sentencia que declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 759/2025 y ordenó ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.
Es que, el pasado 6 de octubre, la Justicia nacional declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la identificación de las fuentes de financiamiento y la disponibilidad de partidas presupuestarias.
En ese marco, el juez federal Martín Cormick concedió la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano contra el fallo que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y elevó el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá revisar la sentencia dictada la semana pasada.
En su apelación, el Gobierno argumentó que la sentencia genera consecuencias presupuestarias de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas. Según la postura oficial, la implementación de la Ley 27.795 requiere determinar previamente las fuentes de financiamiento y contar con créditos presupuestarios disponibles.
Sin embargo, la concesión no implica que la Justicia haya fallado a favor de Milei ni que se hayan levantado todas las obligaciones judiciales vigentes. En la misma resolución, Cormick aclaró que continuará el trámite para ejecutar la medida cautelar que ordena recomponer los salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles.
Ese punto es clave porque la cautelar tiene un recorrido judicial previo. La medida había sido confirmada por la Cámara y quedó firme en junio de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por el Estado nacional. En aquella oportunidad, el máximo tribunal no resolvió la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, pero dejó vigente la obligación establecida en la medida provisoria
Vale recordar que, la Ley de Financiamiento Universitario contempla la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y partidas destinadas a investigación. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025 y, luego de que Milei la vetara, ambas cámaras insistieron con su aprobación.
Pese a esa insistencia parlamentaria, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. Ese mecanismo dio origen a los amparos presentados por universidades y docentes, que cuestionaron la decisión oficial de mantener sin ejecución efectiva la norma.
Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal deberá analizar los argumentos del Gobierno y definir si confirma o revoca el fallo de Cormick, mientras tanto, el conflicto continúa abierto y la comunidad universitaria sigue reclamando que se cumpla la ley, en medio de la disputa por los recursos para el funcionamiento de las instituciones y la recomposición salarial.
