Este lunes, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar la utilización de ahorros no declarados, conocidos popularmente como “dólares del colchón”, mediante un esquema que reduce controles patrimoniales y limita la persecución penal por evasión.
Es preciso mencionar que, la Ley de Inocencia Fiscal, una norma aprobada por el Congreso el pasado 18 de diciembre que modificó el Régimen Penal Tributario y el Procedimiento Tributario, estableció nuevas reglas para la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, que comenzó a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá impacto directo en la relación entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En tanto, la reglamentación introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario y en el Código Civil y Comercial, orientados a un “relajamiento” de los controles fiscales tradicionales y a un mayor énfasis en el cumplimiento voluntario de la facturación declarada. Desde el organismo explicaron que la medida busca “poner las cosas en su lugar y devolverle la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, en línea con la intención del Ejecutivo de reducir la presión regulatoria sobre los contribuyentes.
De esta manera, el monto mínimo para que exista “evasión simple” se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que el umbral de evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones de pesos. Además, la Ley de Inocencia Fiscal redujo el plazo de prescripción de los delitos tributarios, que baja de cinco a tres años, lo que implica que quienes se inscriban en el Régimen Simplificado de Ganancias en los próximos meses no podrán ser investigados por períodos anteriores más allá de 2029.
Otro cambio relevante en el Régimen Penal Tributario es que la evasión deja de ser automáticamente un delito penal. De esta maneta, ante un incumplimiento detectado por la autoridad fiscal, el contribuyente notificado podrá regularizar su situación mediante el pago de la deuda correspondiente sin necesidad de afrontar una causa penal, ya que el nuevo esquema prioriza la regularización voluntaria por sobre la judicialización, y modifica de manera sustancial la lógica con la que operaba el sistema tributario.
En tanto, la reglamentación establece que estarán habilitados para incorporarse al régimen los contribuyentes con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio total que no supere los 10.000 millones, que no estén encuadrados como Grandes Contribuyentes Nacionales. Para determinar el cumplimiento de estos requisitos, la evaluación se realizará sobre el período fiscal en el que se solicite la adhesión y los dos ejercicios anteriores, considerados de manera individual y sin sumar los montos entre sí, una condición que amplía el alcance y permite incluir a un mayor número de personas.
En este marco, ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada que podrá ser revisada, modificada y presentada por el contribuyente con el pago en término del impuesto, o bien la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento, que otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.
Por caso, la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal aclara que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluidos los depósitos bancarios, y establece una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. De este modo, cuando el contribuyente cumpla con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias del período base, la información declarada se presumirá correcta, lo que otorga mayor seguridad jurídica y previsibilidad.
Por último, la reglamentación introduce incentivos adicionales para la regularización voluntaria, al señalar que si una persona corrige un error en sus declaraciones antes de que ARCA inicie un control o inspección, esa situación no será considerada una falta grave. Al mismo tiempo, la norma prevé una reducción del 50% en las multas para quienes se pongan al día dentro de los 45 días posteriores al vencimiento de sus obligaciones, y si el proceso de control ya inició, podrá cerrarse con el pago total más un 50% adicional, opción que solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa.
Ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno estima que USD170 mil millones podrán bancarizarse
La semana pasada, el ministro de Economía aseguró que la Ley de Inocencia Fiscal puede convertirse en un “factor clave” para acelerar la reactivación económica, al definir la medida como un “atajo enorme” para dinamizar la actividad, ya que, en sus palabras, facilita el ingreso al sistema formal de una masa significativa de dólares que hoy se encuentra fuera del circuito financiero.
En ese marco, Caputo fundamentó su afirmación con datos oficiales del Banco Central y comparaciones concretas sobre el volumen de ahorro no declarado. “Los datos dicen que hay USD 170 mil millones debajo del colchón de los argentinos y los depósitos del sector privado son USD 67 mil millones, hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en el sistema informal”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales, al graficar la magnitud del dinero que podría incorporarse al sistema.
En ese sentido, el ministro remarcó el impacto potencial que tendría una bancarización parcial de esos fondos, al mencionar que si la mitad de esa cifra fuera en los próximos meses al sistema financiero, “los problemas de la Argentina se solucionarían”.
Dentro de ARCA el diagnóstico es similar y hay expectativas concretas sobre el comportamiento de los pequeños contribuyentes. En el organismo confían en que muchos monotributistas que hoy mantienen dólares fuera del sistema optarán por adherir al Régimen Simplificado de Ganancias como vía para regularizar su situación. Según trascendió de fuentes extraoficiales, en los próximos días el organismo avanzará con la publicación de Resoluciones Generales que terminarán de delinear los mecanismos operativos para facilitar esa adhesión.
