En las últimas horas, trascendió que la titular del bloque de La Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich, presentará una serie de cambios en el proyecto de Ley de Tierras en una conferencia de prensa en la Cámara alta. Tras varias semanas de negociaciones con bloques aliados, el oficialismo acordó introducir modificaciones y, en lugar de eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, propondrá elevar el tope vigente del 15% al 25%.
Este martes a las 16 horas, la senadora brindará los detalles de la versión definitiva del proyecto que el oficialismo intentará llevar a la sesión del próximo jueves. Previamente, a las 13 horas el presidente Javier Milei reunirá la mesa política del Gobierno para coordinar la agenda parlamentaria de agosto, dado que en la Cámara de Diputados el oficialismo ya inició conversaciones con bloques aliados para avanzar con otras iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
Por caso, la nueva redacción, que comenzó a circular este fin de semana entre legisladores oficialistas y aliados luego de que el Gobierno detectara dificultades para reunir los votos necesarios, deja de lado la intención inicial de eliminar por completo las restricciones establecidas por la Ley de Tierras de 2011 y plantea ampliar el límite permitido para la tenencia de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El borrador establece que la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros no podrá superar el 25% del territorio de cada provincia, en reemplazo del tope actual del 15%. De esta manera, el oficialismo modifica uno de los ejes centrales del proyecto impulsado originalmente desde el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.
La decisión fue producto de las negociaciones encabezadas por Bullrich con bloques dialoguistas y con los gobernadores que manifestaron reparos al texto inicial. La alternativa de elevar el porcentaje surgió como una vía para evitar que la iniciativa perdiera respaldo durante la votación. “Los gobernadores van a definir la ley: no quieren pagar ese costo“, señalaron fuentes legislativas.
Entre otras de las modificaciones, el nuevo borrador de la Ley de Tierras propone que las provincias conserven la facultad de autorizar, regular o rechazar operaciones de venta de territorio dentro de sus jurisdicciones, en línea con la potestad que la Constitución les reconoce sobre sus recursos naturales. Está por verse si propondrá eliminar los límites departamentales para mantener únicamente un tope provincial y permitir que cada distrito dicte su propia normativa por debajo de ese tope.
Otro de los puntos incorporados al proyecto prevé que el Estado nacional continúe interviniendo en el resguardo de las zonas de frontera y de las áreas consideradas estratégicas para la seguridad del país, al tiempo que se incluiría la creación de un registro de tierras en manos de extranjeros. En el caso de empresas con participación de Estados extranjeros, se mantendría un esquema de autorización conjunta entre Nación y las provincias.
En paralelo a la sesión prevista para este jueves, organizaciones sociales, partidos políticos y sectores autoconvocados convocaron a una movilización frente al Palacio Legislativo en rechazo a la reforma. A ese escenario se suman cuestionamientos expresados por distintos actores políticos y sociales, que consideran que la flexibilización de la normativa vigente afecta el régimen de protección sobre la propiedad de tierras rurales.
Fuentes parlamentarias señalaron que el encuentro originalmente previsto tenía como único tema la reanudación del tratamiento de la Ley de Tierras y advirtieron que el oficialismo no puede incorporar nuevos asuntos al temario. En ese marco, algunos legisladores no descartan que la convocatoria pueda postergarse para el 13 de agosto, una alternativa que también es analizada en medio del escenario político y de la movilización prevista frente al Congreso.
