El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó un proyecto para regular las aplicaciones digitales de transporte en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de eliminar regulaciones municipales para plataformas como Uber, DiDi y Cabify, y promover la libertad contractual entre conductores y usuarios.
El legislador de la Sexta sección difundió la propuesta en sus redes sociales, donde planteó que su iniciativa busca “garantizar algo básico: la libertad de trabajar y elegir cómo movernos en toda la Provincia de Buenos Aires”.
En rigor, el texto parlamentario de Liberman busca que las aplicaciones de transporte, que tienen conductores que prestan el servicio de forma independiente, sean consideradas como “una actividad privada de interés público”. De esta manera, quedarían excluidas de los alcances de la Ley Orgánica de Transporte de Pasajeros de la Provincia.
En este sentido, la relación entre las partes se regirá por el contrato de transporte previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que echaría por tierra la condición de “servicio público” de las aplicaciones de transporte, que evitarían estar sujetas a concesión o a licencia de explotación estatal.
Asimismo, el esquema regulatorio que propone Liberman incluye la creación de un Registro Provincial de Plataformas Digitales de carácter declarativo, gratuito y de acceso abierto, en el cual el control estatal sobre conductores y vehículos se limitará exclusivamente a garantizar la seguridad, acorde a la normativa en vigencia (licencia de conducir vigente, VTV al día y seguro obligatorio).
Por otra parte, la iniciativa opositora habilita la circulación de vehículos entre distintos municipios de la provincia de Buenos Aires sin restricciones locales. En ese marco, el articulado establece que los distritos no podrán imponer tarifas, licencias, cupos ni límites a la cantidad de vehículos que operen a través de las apps de transporte.
En lo que respecta al plano fiscal, el proyecto dispone que la actividad no estará alcanzada por tasas, cánones ni contribuciones municipales, salvo que exista una contraprestación específica. A su vez, el texto obliga a los municipios que ya cuentan con regulación local a adecuar su normativa a la Ley provincial y fija que cualquier disposición incompatible quedará sin efecto.
En otras palabras, toda normativa comunal previa que contradiga los principios de libertad de mercado y circulación deberá adecuarse a los nuevos estándares, lo que pondría fin a los conflictos legales y operativos que existen en distritos cuyos intendentes intentaron bloquear el desembarco de aplicaciones de transporte a través de ordenanzas locales o multas.
En los fundamentos, el diputado oriundo de Bahía Blanca argumentó que su propuesta busca adaptar la normativa a los cambios tecnológicos y económicos del sector. Al respecto, Liberman advirtió que la superposición de regulaciones genera inseguridad jurídica para conductores y usuarios, por lo que plantea la necesidad de un marco homogéneo en toda la provincia.
“Con este proyecto, lo que buscamos es garantizar la libertad contractual en la prestación de servicios de transporte privado a través de plataformas digitales y delimitar la actuación estatal municipal a las facultades delegadas”, explicó el representante de las filas libertarias.
El referente de la oposición bonaerense sostuvo que su iniciativa apunta a eliminar restricciones que, según su diagnóstico, afectan el funcionamiento del sistema, en línea con la política desregulatoria que impulsa el oficialismo nacional. En ese marco, la propuesta abre un nuevo frente de debate en la Legislatura sobre el alcance de las competencias municipales en la regulación de las apps de transporte.
En diciembre de 2025, la Agrupación Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA) presentó una nota formal en la Cámara de Diputados bonaerense para reclamar la apertura de un canal de diálogo y la definición urgente de un marco regulatorio para Cabify, Uber y DiDi. Los trabajadores remarcaron que necesitan reglas claras para operar con seguridad jurídica y condiciones laborales mínimas.
En el texto, los choferes aseguraron que cumplen con todos los “requerimientos legales para circular” y detallaron que trabajan con “monotributo, licencia profesional, antecedentes penales, automóviles en condiciones y seguro obligatorio”. Por ese motivo, insistieron en que es necesario avanzar en una legislación provincial que ordene la actividad y que permita a los usuarios contar con más alternativas de movilidad.
Desde ACAURA sostuvieron que actualmente miles de prestadores dependen de los ingresos de las aplicaciones como Cabify, Uber o DiDi, tanto de manera total como parcial, y advirtieron que la falta de regulación afecta directamente su subsistencia. “Consideramos necesario y urgente tratar un marco legal regulatorio”, indicaron los trabajadores. En ese sentido, los choferes plantearon que la actividad ya está instalada en muchas ciudades bonaerenses y que la regulación permitiría ordenar un sistema que hoy opera en medio de vacíos normativos.
